Amparo por contaminación en espacios públicos porteños

13.11.2019

Se trata de una acción colectiva presentada ante la detección de asbesto y amianto en escuelas y formaciones de subte de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, se reclama la puesta en marcha de manera urgente de políticas de descontaminación.

El amparo fue presentado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la Universidad de Buenos Aires, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, integrantes de la comunidad educativa IES de Lenguas Vivas; de su Asociación Cooperadora; de la comunidad educativa de la Escuela Infantil N° 08/04; CTA Autónoma Capital, delegados del Hospital Durand; CONADU Histórica, y Unidad Popular CABA.
Advierten que desde el gobierno de la Ciudad han demostrado un “desmanejo muy grave en relación con el asbesto”. Denuncian que en 2018 intentaron remover una caldera con amianto en el Nivel Primario N° 8, Distrito Escolar 4, “Carlos Della Penna” en plena ciclo lectivo; y que este año removieron otra caldera con asbesto en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental y sin informar a la comunidad educativa.
Cabe recordar que en 2011, el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri compró coches del subte con asbesto, un hecho que los trabajadores recién se enteraron en febrero de 2018 tras conocerse la noticia de empleados españoles enfermos. En la actualidad, 11 personas se encuentran enfermas a raíz de trabajar en un ambiente con asbesto en los talleres del subte.
Ante esta situación, distintas organizaciones presentaron este amparo en el que solicitan a la justicia que ordene al Ejecutivo porteño la creación de una Política Pública de Descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos de la Ciudad implementando un relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto, además de un plan de contingencia y seguridad, de control, acceso a la información pública y participación en cada etapa de esta política a través de la constitución de una Mesa Multisectorial, y un Protocolo de Salud para el seguimiento de las personas expuestas.
La causa judicial se encuentra radicada en el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 14, a cargo del Juez Lisandro Fastman.

Mariano Recalde: “La agenda en materia laboral va a ser combatir la precarización”

11.11.2019

El senador electo por CABA electo del Frente de Todos, Mariano Recalde, se refirió a las políticas que se vienen en materia laboral. Sus principales declaraciones.

Sus principales declaraciones

“Alberto Fernández fue claro cuando afirmó que Macri uberizó la economía. La agenda del Congreso en materia laboral va a ser combatir la precarización. Regularizar las relaciones laborales. Reconocer esos derechos laborales que tienen y no se les reconocen”
“Hay empresarios inescrupulosos que se esconden y evaden sus obligaciones a través de estas aplicaciones que justamente permiten ocultarse un poco más. Hay que sacarlos a la luz. Ponerles nombre y apellido y que se hagan cargo de sus obligaciones. No solo con los trabajadores, sino con el Estado también. Porque no tributan, evaden y se llevan ganancias extraordinarias”
“Hay que regular sobre la base de premisas claras. Son trabajadores en relación de dependencia y no emprendedores que disponen de su tiempo. Son parte de un engranaje al servicio de un empresario que invierte muchísimo dinero en publicidad y demás. Ese empresario es responsable y tiene que cumplir determinadas normas con los trabajadores que hacen a su dignidad, a su ingreso, a su seguridad e higiene. Sumando a esto que deben responder ante el Estado”.
“Hoy hay regulaciones que se evaden y que por eso deben solucionar con una nueva regulación desde la política”.

Gatillo fácil: Audiencia de defensa de tres policías

10.11.2019

Este lunes 11 de noviembre, a las 9, la Cámara Criminal, ubicada en Viamonte y Libertad de la Ciudad de Buenos Aires, escuchará los argumentos de las defensas de los tres policías de la Ciudad acusados por el crimen del remisero Claudio Romano. Además, se escuchará la respuesta de los abogados de Correpi, que representan a la familia de la víctima.

Reproducimos comunicado de Correpi:

Un fusilamiento policial no es un “exceso”:¡Perpetua al gatillo fácil!
El 1º de octubre pasado, tres policías de la Ciudad, Beatriz Alejandra Manzanelli, Ramón Darío Pérez y Daniela Isabel López, dispararon sus armas reglamentarias en ocho oportunidades contra Claudio Romano. Los últimos cinco disparos –entre ellos el que resultó fatal- se produjeron en los últimos cinco segundos de la secuencia que quedó registrada en varias cámaras de seguridad de la cuadra de la calle Castillo al 900. Para entonces, Claudio, un remisero de 39 años, tenía varias heridas en sus piernas y pie, lo que le impedía incorporarse. No representaba ningún peligro para los policías ni menos para terceros en esa situación. Pero en lugar de asistirlo, lo fusilaron.
La jueza Ángeles Gómez Maiorano procesó a los tres policías como coautores del delito de homicidio calificado por la condición de miembros de una fuerza de seguridad de sus perpetradores, aunque conservó la situación de libertad con la que unos días antes la Sala Sexta de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal los había beneficiado.
La defensa de los homicidas, ejercida por abogados de planta del Ministerio de Seguridad de la Ciudad –es decir, funcionarios públicos cuyos sueldos paga la ciudadanía porteña- apeló ese procesamiento, y el lunes 11 de noviembre la misma sala de la Cámara escuchará sus argumentos y la respuesta que, en representación de la familia de Claudio, harán lxs abogadxs de CORREPI.
Nuestrxs compañerxs dirán a los jueces que el fusilamiento policial no es un “exceso”, que el gatillo fácil es política de estado y que exigimos juicio y castigo. ¡Perpetua para el gatillo fácil!
Acompañanos el lunes 11, desde las 9, en Viamonte y Libertad, frente a la Cámara Criminal.
¡Basta de gatillo fácil!
Contra la represión, ¡unidad, organización y lucha!

Multas de tránsito: sólo las pueden labrar los agentes con estabilidad laboral

8.11.2019

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Guillermo Scheibler ordenó al Poder Ejecutivo porteño que adopte las medidas necesarias para que las actas de infracciones y contravenciones sean labradas exclusivamente por personal que tenga estabilidad en el cargo.

El fallo tuvo lugar a raíz de la presentación de un conductor, Eduardo Wilson, quien consideró que «la actuación de la demandada es manifiestamente violatoria de los principios de legalidad, circulación, igualdad, acceso a la justicia, defensa en juicio y seguridad jurídica de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires».
Wilson solicitó por un lado que se considerara ilegal la realización de infracciones de tránsito por parte de agentes no integrantes de la plantilla estable de la Ciudad, considerando que la ley de tránsito lo establece así. «La Ciudad está autorizada para contratar en forma transitoria, pero solo para tareas auxiliares –dijo Eduardo Wilson. No para las funciones que reserva la Ley de Tránsito a oficiales con estabilidad laboral, como son las infracciones».
La decisión judicial hizo lugar a un pedido de amparo colectivo a raíz de la cual el juez Scheibler, titular del juzgado 13 del mencionado fuero, impuso que hasta tanto haya decisión de fondo, solo personal de tránsito con estabilidad en el cargo puede labrar multas, y caso contrario no tienen validez.
«La ley 5688 faculta a los agentes del Cuerpo de Tránsito y Transporte, para realizar múltiples funciones y concretamente la de labrar actas de infracciones y contravenciones, es una manifestación relevante del ejercicio del poder punitivo del Estado», señaló el juez en el fallo que dio a conocer el sitio iJudicial, del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
«En este aspecto el requisito de la estabilidad de los agentes adquiere especial relevancia, ya que quienes desempeñan tales funciones deben encontrarse en una situación jurídica y en condiciones de servicio que los independicen de cualquier influencia exterior indebida. Constituiría así, para el trabajador una garantía necesaria para el correcto desarrollo de tales funciones y para la ciudadanía un reaseguro más», completó.
El fallo vincula este pedido de amparo con la presentación realizada por la ONG La Alameda , en la que se cuestiona también la legalidad de las multas de tránsito realizadas por agentes con inestabilidad laboral. Scheibler decidió absorber la causa iniciada por La Alameda en la presentada por Wilson y continuar con esta como principal.
El caso surgió a partir de la muerte de la agente Cinthia Choque y las heridas sufridas por su compañero Santiago Siciliano, durante un control de tránsito el 8 de septiembre pasado, en el que fueron atropellados por Eugenio Veppo en Alcorta y Tagle.
Los agentes de tránsito, luego del atropellamiento, realizaron cortes y protestas reclamando justicia por sus compañeros y condiciones laborales dignas.
El Gobierno porteño será notificado del fallo de Scheibler en las próximas horas y a partir de allí dispondrá de dos días para apelar.

Justicia para Lucas Cabello: la querella pidió 20 años para el policía acusado de intento de homicidio agravado

7.11.2019

Por Colectivo de Medios Populares*

La querella de Lucas y su familia, representada por la abogada Gabriela Carpineti, pidió que el uniformado sea condenado a 20 de prisión y requirió que se produzca la detención preventiva inmediata, antes de que el TOC N° 1 de a conocer la sentencia.

Ante un auditorio colmado por familiares de víctimas de violencia institucional y militantes populares comenzó ayer, martes 5 de noviembre, la etapa de alegatos en el juicio oral contra Ricardo Ayala, ex agente de la Policía Metropolitana y actual funcionario de la Policía de la Ciudad. Que en noviembre de 2015 disparó con la intención de matar al joven Lucas Cabello, vecino de La Boca. La querella de Lucas y su familia, representada por la abogada Gabriela Carpineti, pidió que el uniformado sea condenado a 20 de prisión y requirió que se produzca la detención preventiva inmediata, antes de que el TOC N° 1 de a conocer la sentencia. También solicitó al Tribunal la inhabilitación perpetua para Ayala en la portación de armas y el ejercicio como funcionario de seguridad público o privado en cualquier tipo de tareas, incluso administrativas.
Previo a la exposición de los alegatos declaró un vecino de Lucas que vivía frente a su casa en la calle Martín Rodríguez al 500 y relató que pudo oír las detonaciones de los tres disparos del agente Ayala. Además, narró el momento en que los vecinos salieron a auxiliar a Lucas, una vez perpetrado el hecho de violencia institucional. La abogada recordó que la Cámara Nacional de Apelaciones en diciembre de 2015 calificó al hecho como “tentativa de homicidio agravado por la condición del imputado de ser miembro de una fuerza de seguridad” y señaló en esa misma resolución que el accionar de Ayala implicó “una gravísima violación a los derechos humanos”.
De esta manera, Carpineti explicitó que durante la etapa de debate, cuatro años después, los testigos fueron congruentes y concordantes entre sí sobre cómo ocurrieron los hechos. Y que por esto, consideró en su argumento, durante el juicio se ratificó la resolución de los camaristas y se dio por probado lo sostenido en dicho fallo. “Los dos son pibes jóvenes que pueden tener más cosas en común de las que creen. Pero al momento de los hechos no estaban en condiciones de paridad – explicó la abogada querellante.- Uno abusó de su poder en la confianza que le da el Estado y la ciudadanía como policía para portar un arma. El otro, un ciudadano de a pie que estaba desarmado, recibió tres disparos por parte de un funcionario público”.
En esta misma dirección la abogada elogió la lucha por su salud entablada por Lucas, que mencionó fundamental para el proceso penal contra el policía porque aportó, a través de su supervivencia, la principal prueba testimonial. Cabe recordar que su declaración fue registrada casi un año antes del comienzo del juicio. Por la gravedad del estado físico de Lucas, que de haber empeorado no podría haber declarado, el Tribunal autorizó la filmación de su testimonio y se incorporó al debate en formato de video. Gracias a la fuerza de voluntad y el acompañamiento de su familia, Lucas está pudiendo asistir a todas las audiencias con una entereza y dignidad que muestran sus ganas de vivir. Y de ver que se haga justicia, que Ayala tenga una condena que sirva de ejemplo a otros casos de violencia institucional sobre pibes que no sobrevivieron para denunciarlo.
Respecto a este contexto de violencia policial contra los pibes de los barrios humildes, Carpineti desarrolló un detallado argumento sobre el caso de Lucas como precursor de una escalada de casos de gatillo fácil en los últimos cuatro años. Aportó datos de CORREPI para entender que el intento de asesinato de Lucas Cabello no es un hecho aislado sino que responde a un sistemático accionar de abuso de poder de las fuerzas de seguridad y un incremento de la vigilancia militarizada en barrios populares como los de la Comuna 4. Además, explicó, que están en permanentes conflictos habitacionales con el IVC y que la precariedad de las viviendas, el hacinamiento, son parte de las dificultades de convivencia entre vecinos. Que para Carpineti no justifican una desmedida intervención de la Policía de la Ciudad, la Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura.
En la audiencia estuvieron presentes la representante del Ministerio Público Fiscal Adriana García Netto, el abogado de parte Adrián Albor y el letrado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Ataliva Dinani, que expondrán sus alegatos en la próxima audiencia del jueves 14 de noviembre en el Palacio de Tribunales.

*FM Riachuelo/FM La Caterva/La Retaguardia/Agencia Paco Urondo/Sur Capitalino/Radio Gráfica/Radio Presente

Usted es el visitante N°