DecreMacri: otra “gestión” Pro que se tiró a todxs en contra

 

DecreMacri: otra “gestión” Pro que se tiró a todxs en contra
Por decreto de necesidad y urgencia el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convirtió en contravención las acciones gremiales que bloquean la salida de los diarios, citando textualmente el bloqueo al diario Clarín del 26 y 27 de marzo pasados. La medida recibió críticas contundentes de diversos sectores políticos, gremiales y sociales.

(Celeste Neyra- Red Eco) Ciudad de Buenos Aires- El decreto 2/11 firmado el 11 de abril por Mauricio Macri y otros funcionarios, establece sanciones para quien “impida, obstruya u obstaculice la producción, impresión, distribución o difusión de ideas, opiniones o informaciones a través de cualquier medio de prensa o de comunicación masiva”. Inmerso en su catarata de argumentos pre electorales sobre “el peligro” en que “la Presidenta Kirchner está poniendo a los Argentinos”, el Jefe de Gobierno no escatimó recursos y acudió a una medida de necesidad y urgencia para un tema que amerita debates legislativos y sociales.
Para la agrupación gremial La Naranja de Prensa el accionar macrista se trata de “un intento por terminar con el derecho a huelga con el que cuentan constitucionalmente los trabajadores de los medios” y llaman al conjunto del gremio de prensa a defender los legítimos derechos conquistados.
Por otro lado, fuerzas políticas diversas, como Proyecto Sur, la Coalición Cívica, el kirchnerismo, a través del Ministro de Trabajo, Diálogo por Buenos Aires, Nuevo Encuentro, Encuentro Popular para la Victoria y legisladores opositores al Pro, mostraron su total disconformidad y anunciaron presentaciones judiciales y el debate en la Legislatura que debe darse dentro de los próximos 30 días.
El decreto establece multas de $5.000 a $50.000 o el arresto de 3 a 10 días, para quienes realicen esta contravención. También aplica las mismas sanciones para quien “intimide u hostigue a directivos, gerentes, trabajadores, periodistas o distribuidores de medios de prensa o de comunicación masiva buscando alterar su contenido, línea editorial o sistemas de comercialización y/o distribución”.
Paradójico es que entre los considerandos se utilicen la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como argumentación opuesta a sus propios principios, como si por un decreto del Jefe de Gobierno de la Ciudad se pudiera saldar la discusión sobre si realmente la acción de bloquear las salidas de los diarios coarta la libertad de imprenta y no si el DNU 2/11 se contradice con la libertad de expresión.
Sin embargo, el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires bien puede considerarse coherente con esta medida, porque pese al gran debate que generó y a las movilizaciones en su contra, logró establecer un nuevo escenario de lo permitido y lo prohibido.
A partir de su sanción en el año 2004, el uso del espacio público quedó negado para trabajos y prácticas sobre las que se profundizó la marginación que ya transitaban. Las acciones de vendedores ambulantes, cuida coches, limpiadores de vidrios y prostitutas, entre otras, fueron observadas, descriptas y reguladas desde un modelo que no les era propio. 
Así se estipularon en 2004, regulaciones para quienes en adelante fueran los prohibidos, los corridos del espacio visible por esos “vecinos” que tanto le gusta citar a Macri. Los mismos a los que quizás pretende asustar mediante la diabolización de las acciones gremiales, llevándolas hacia el campo de lo sancionable.

 

Por la reapertura de los centro de salud barriales
Vecinxs y numerosas organizaciones sociales e instituciones barriales de la Villa 21/24, junto a las trabajadorxs de los Centros de Salud de la Villa (CESAC 35, 8 y 30), se movilizarán mañana, viernes, para decirle NO al gobierno de Mauricio Macri.

A las 11, realizarán un corte en Iriarte y Vélez Sarsfield, y media hora más tarde marcharán hacia el Colegio Público de Abogados, ubicado en Avenida Corrientes 1441. Allí se llevará adelante una Audiencia Pública, convocada por el Juez Roberto Gallardo para reclamarle al gobierno porteño que garantice la atención médica en las salitas de la zona sur de la ciudad.
“Denunciamos la discriminación del gobierno de Macri a quienes vivimos en la zona sur de la ciudad, o en las villas de la capital. Parece que la sola condición de tener una vivienda precaria te hace peligroso y conlleva a no tener derecho a ser trasladado en una ambulancia del SAME porque ´no están dadas las condiciones de seguridad´. La muerte de Humberto Ruiz, vecino de la Villa 31 causada porque la ambulancia del SAME no ingreso al lugar por considerarlo ´peligroso´ es la muestra de las políticas PRO. Es vergonzoso que, tras la muerte de Ruiz y ante el reclamo y la protesta de los vecinos, Macri haya reiterado su pedido de utilizar a la Policía Federal para desalojar el corte de los vecinos”, señalan las agrupaciones convocantes en un comunicado, en el que además hacen responsables por lo sucedido en la Villa 31 y las consecuencias que pueda tener mantener el cierre de los CESACs, a los ministros de Salud, Jorge Lemus, de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, y al Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, citados para la audiencia de mañana.
 

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