Mientras continúa la ola de frío en la Ciudad de Buenos Aires

 

16.7.2010

 

Mario Hernandez

Miembro de la Comisión Directiva de la Coordinadora de Medios de la CABA (COMECI).

 

Ayer se presentó en el Salón presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Proyecto de Ley de protección y restitución de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle.

Impulsado por la ONG Proyecto 7, formada por gente en situación de calle, es apoyado por: Proyecto Sur, CTA Capital, Semiyeros Rock Solidario, La Galpona, Comunas en Red, Los Comedores de Barrancas de Belgrano, Médicos del Mundo, La olla de Ángel Gallardo y Corrientes, Antena Negra, Articulo 14VIP, Cine Libre Parque Centenario, Buenos Aires para Todos, Imágenes en Lucha, Con Cucharones por La Calle, Movimiento de Gente en Situación de Calle de Brasil, Diseño Social.

La ley contempla no sólo a la gente en situación de calle, tengan o no acceso a la red de albergues, sino también a aquellos que estén en riesgode caer en esta situación: quienes puedan sufrir a la brevedad algún tipo de desalojo; que se encuentren en instituciones (penales, médicas, de menores, etc.) pero que estén por salir y como no hay una red de contención terminen en la calle; o que habiten en estructuras temporales y no convencionales o en viviendas inadecuadas y/o hacinadas.

Uno de los aspectos centrales de la ley es reafirmar que son ciudadanos y por tanto están contemplados por las mismas leyes y tienen los mismos derechos.

El artículo 8° de la ley sostiene: “El derecho a la Ciudad comprende el derecho a circular libremente, el derecho al espacio público, a su uso, disfrute y apropiación, el derecho al acceso a los servicios y a la infraestructura pública”. Lo que se garantiza es el goce del espacio público, como cualquier otro ciudadano.

“Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los(as) ciudadanos(as) deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental”, agrega el artículo 9°.

También contempla el derecho a recibir un nombre personal y a tramitar la documentación necesaria para acreditar identidad (partidas de nacimiento, Documento Nacional de Identidad, Pasaportes, Cédulas de Identidad).

La falta de esta documentación, que según asevera Gonzalo Basile, presidente de Médicos del Mundo, afecta a por lo menos el 30 por ciento de la gente en situación de calle, es la que impide acceder a la mayoría de los programas y recibir asistencia médica.

Otra de las dificultades que enfrentan aparece a la hora de buscar empleo, donde generalmente se exige un domicilio fijo. Frente a esta situación, la ley incorpora la idea de domicilio social, el cual puede dejarse como referencia para ser contactado, recibir correspondencia, etc.

En el proyecto se garantiza el derecho al acceso irrestricto a los servicios socio-asistenciales que sean brindados por el Estado o por entidades privadas. En el caso de paradores u hogares del Gobierno de la Ciudad, si bien funcionan durante todo el año, no están abiertos las 24 horas del día y en la mayoría de los casos sólo funcionan por la noche. Lo mismo sucede con las ONG, donde la gente sólo puede ir a comer, bañarse u obtener ropa.

Lo que se genera con esto es las únicas opciones para estas personas son o instalarse en el espacio público o estar circulando constantemente.

Además, en el proyecto de ley se resalta la obligación del Estado de realizar un relevamiento anual de la cantidad de gente en y en riesgo de situación de calle información estratificada y desagregada que permita tener un diagnóstico y fijar las políticas puntuales para los distintos subgrupos.

Actualmente lo que se hace es un simple conteo que sólo se realiza en las zonas más céntricas.

“Se cuentan bultos, y eso se ve en lo que escribe la misma gente del Gobierno de la Ciudad que ponen NN y sexo indefinido porque la persona está tapado con una manta. Con esos datos vos no podés hacer nada porque no sabés nada”, explica Horacio Avila de Proyecto 7.

 

Fundamentos del proyecto

 

“Hoy en día las políticas dirigidas a las personas en situación de calle pretenden resolver el problema a través de mecanismos rígidos, sin capacidad de contemplar las necesidades emergentes de los sujetos a quienes están destinadas. Frente a ello, las políticas recientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, imponen restricciones en el uso de los espacios públicos (vallado de plazas y parques de la ciudad); políticas para erradicar a las personas en situación de calle de áreas específicas (operativo de recuperación de espacios verdes, creación de la Unidad de Control del Espacio Público – UCEP) y restricciones en el uso en los servicios sociales (normativas y horarios restringidos para el acceso y la permanencia en los Hogares de Tránsito y/o los Paradores Nocturnos).
Abandonar las calles para dormir bajo techo implica una transición física, emocional y psíquica que requiere de tiempo, y que forma parte de un proceso paulatino. Es un error pretender desde las instituciones que a través del ofrecimiento de un lugar para dormir durante la noche o a lo largo de algunos días se logrará una solución al problema. De tal modo, la ausencia de un soporte integral refuerza la permanencia de personas viviendo en las calles de la ciudad.
Las acciones implementadas por el GCBA a través de sus dispositivos se caracterizan por el desarrollo de programas con objetivos limitados y que responden a una lógica "asistencialista" que se limita a cubrir sólo las necesidades básicas en términos de alojamiento por una noche, de alimentación y de vestimenta. Las principales deficiencias que afectan a este tipo de dispositivos para la solución del problema son:
• Los recursos socio-asistenciales se encuentran fragmentados, desarticulados entre sí y aislados de otra red de recursos o de derivación.
• Las prestaciones y las intervenciones son parciales e insuficientes para las necesidades actuales de las personas usuarias de estos dispositivos.
• La misión y las funciones de los programas y de los dispositivos no se adaptan a los perfiles ni a los problemas actuales de sus destinatarios.
• Las modalidades de intervención son homogéneas y por ende poseen escasas posibilidades de prestar una atención personalizada, coordinada y continuada de sus prestaciones a la totalidad de los usuarios.
De tal forma, para una solución definitiva del problema es inútil implementar acciones paliativas que sólo cubran el piso básico de supervivencia, si no que por el contrario, ante una problemática tan acuciante es ineludible la necesidad de garantizar al conjunto de esta población el acceso a aquellos bienes y servicios que forman parte de sus derechos de ciudadanía (salud, vivienda, educación, empleo, etc.).
En este sentido, la presente ley se plantea un capítulo específico que de cuenta de esta realidad y garantice el derecho al acceso irrestricto de todos y cada uno de los servicios socio-asistenciales existentes. De manera tal que la vinculación entre programas, proyectos y ministerios de cuenta de la compleja situación y permita diseñar políticas públicas sustentables, intersectoriales y multidisciplinarias que brinden una asistencia articulada y continuada cuyo objetivo principal sea la atención prioritaria de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”.
 

Un nuevo organismo del gobierno porteño volvió a hacer desalojos de indigentes en la ciudad.

El 31 de mayo, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, lanzaron el Plan de Prevención Frío 2010, que consta de un trailer sanitario, además de un incremento del 30% en la cantidad de plazas disponibles en los paradores. “El objetivo es aumentar la capacidad de respuesta del estado”, explicó Vidal.

Pero más allá de los anuncios, el periodista Gustavo Veiga en Página 12 del 7 de mayo, denunció que el gobierno porteño cambió el modus operandi, pero no la política de fondo hacia las personas en situación de calle. La UCEP, que se ensañaba con ellas, le cedió esa faena al servicio de Higiene Urbana. Como los sin techo que pueblan Buenos Aires son cada vez más numerosos y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público no puede con ellos, ahora va contra sus escasas pertenencias. Transforma todo lo que poseen en basura. Al menos una de las empresas que se ocupan de la recolección de residuos, Urbasur, ya tiene una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por haberse llevado en sus camiones colchones, frazadas y otros enseres de indigentes. Una pareja de personas discapacitadas reveló ese despojo que ocurrió en el barrio de Almagro, y que no es el primero registrado en el año. En la misma cuadra, a un hombre mayor le sucedió algo parecido un mes antes. A otro que criaba palomas en San Cristóbal, debajo de la autopista 25 de Mayo, se las arrojaron con sus respectivas jaulas adentro de otro camión. Otro tanto pasó con todos sus bártulos. Y en La Boca hubo un operativo donde se incautaron bienes de indigentes en la esquina de Brasil y Pedro de Mendoza. La novedad es que ahora suele actuarse de día y cuando los damnificados no están presentes.
Tampoco coinciden los números de la población en situación de calle. Para la funcionaria Vidal, la gente en situación de calle en la ciudad no supera las 1400 personas. Según los censos de años anteriores estas cifras trepaban a menos de 800 personas, pero Médicos del Mundo afirma que actualmente hay casi 15.000 personas viviendo y durmiendo en la calle de los cuales 4.500 son niños y 2.000 adultos mayores.

Médicos del Mundo, remarca que las cifras oficiales son irreales: "El Gobierno porteño hace un conteo durante una noche, sostiene el epidemiólogo Gonzalo Basile, presidente de la delegación argentina de la organización. No cuenta a los que tienen un subsidio de tres meses, después de los cuales vuelven a la calle, ni a los que duermen por una noche en un hotel. En 2008 calculamos que había 10.000 personas en la calle. Como en los últimos dos años hubo muchos desalojos, ahora hay más".
Durante el último año un total de 113 personas en situación de calle murieron a causa de las adversas condiciones climáticas y la falta de asistencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Los diferentes gobiernos han aplicado medidas de corte focalizado y asistencial, con el control social de los excluidos como único objetivo. Y ante el fracaso de este tipo de políticas, por incapacidad o falta de interés por lograr una solución, empezaron a tercerizar las diferentes tareas en Organizaciones no gubernamentales (ONGs) o instituciones eclesiásticas, que hacen un negocio con este tema: como reciben mucho dinero no mejoran la situación, sino que la prolongan. La nueva ley apunta a romper con este entramado asistencialista.

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