Red de radios

20.6.2014

La Legislatura porteña sancionó una ley que establece la obligación del comercio de no aplicar diferencia de precios entre operaciones al contado y con tarjeta de crédito o débito, excepto cuando tal diferencia a través de promociones sea efectivamente a favor del consumidor.

La ley establece además que los comercio de bienes o servicios tendrán que exhibir el precio expresado en pesos, de contado y correspondiendo al importe total y final que deba abonar el consumidor final, conforme a la ley de la Ciudad N° 4827 y la ley nacional N° 25.065.

Se estableció además que todos los comercios que acepten tarjeta de crédito o débito deben exhibir un cartel cuyas medidas no sean inferiores a 15 cm.
de alto por 21 cm.
de ancho, en lugar visible al público, antes de efectuar el pago, indicando lo establecido por esta ley, con el fin de proteger el derecho a la información de consumidores y usuarios.

La norma tiene por objeto eliminar las diferenciaciones de precios que a veces efectúan los comerciantes, en desmedro de los consumidores violando lo que establece la legislación nacional y local, e informar a los consumidores sobre la prohibición de los proveedores de realizar dicha acción.

18.6.2014

Horacio A. Feinstein

A. En las últimas semanas ha habido varias iniciativas en materia de gestión de residuos y basura en la región metropolitana bonaerense dignas de destacar:

1. El rechazo del Municipio de Quilmes a prorrogar el contrato de recolección y transporte de basura con una empresa privada. La firma, Covelia, presionó por todos los medios para que ello no sucediera. Después sobrevino la presión del sindicato de recolectores (camioneros, que amenazaron con varios muertos), apoyados por la CGT de Moyano y por el sindicato de trabajadores del Ceamse -manifestando éste que no iba a permitir que Quilmes enterrara basura en Ceamse si no era a través de Covelia (sic)1.

Sin duda, a pesar de la evidente dimensión política del conflicto desatado, la problemática del gasto en recolección de residuos en la mayoría de los municipios del conurbano excede las consideraciones netamente políticas y descansa en una cuestión económica2 como se desprende del hecho que el intendente de San Martín –alineado en otra corriente política que el intendente de Quilmes- también se inclina por abandonar a Covelia como contratista de la basura.3 Lo interesante de esta compleja interrelación política/economía se evidenció cuando enseguida después que Quilmes anunciara la remunicipalización del servicio de basura le siguieron varios municipios que esperaban el momento oportuno para hacer lo propio.4

 

2. Aprobación de la figura Higiene Urbana (HU) para incorporar al Código de Planeamiento Urbano esta nueva categoría de uso del suelo a fin de disponer de 15 zonas de la ciudad donde construir los denominados “centros verdes” para concentrar zonalmente la basura, separar los reciclables mediante costosa maquinaria (en lugar de darle trabajo a cartoneros, según señalamiento de la Ley Basura Cero) y hacer con el resto un tratamiento biológico para inertizar los residuos orgánicos y utilizarlos posteriormente como cobertura en los rellenos sanitarios del Ceamse.5 Los espacios (con autorización legislativa para extenderse por entre 150.000 y 600.000 m2) donde se construirán los centros verdes son de los poquísimos espacios verdes vacíos de la ciudad, por lo cual ésta disminuirá esos espacios que prestan importantes funciones ecosistémicas, entre las cuales está la de control de inundaciones a través de la absorción e infiltración del agua en el suelo vivo.

 

¹ http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=739139

² http://tiempo.infonews.com/2014/05/20/argentina-124716-residuos-los-municipios-se-ahorraran—720-millones-estatizando-el-servicio.php

³ Por este motivo, a mediados de 2013, el municipio de Avellaneda había comenzado un programa de reciclado, como resultado del cual envía menos residuos a enterrar al Ceamse. Ver: http://avellaneda.clarin.com/ciudad/Abrieron-Ecopunto-reciclar-parte-basura_0_936506484.html

⁴ http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-245599-2014-05-06.html

⁵ http://www.lanacion.com.ar/1693777-construiran-dos-nuevas-plantas-de-tratamiento-de-basura

⁶ http://www.lanacion.com.ar/1693777-construiran-dos-nuevas-plantas-de-tratamiento-de-basura

⁷ En los considerandos de la Reglamentación de la Ley Basura Cero se plantea que la gestión de los residuos sólidos urbanos no puede emprenderse únicamente con la puesta en marcha de acciones que procuren una mejora en los niveles de eficiencia de los sistemas de recolección y de limpieza, sino que la misma debe contemplar primordialmente el cuidado del medio ambiente, el contexto socioeconómico imperante y la equidad social.

El GCBA propició la inclusión de la categoría HU al código con el propósito de realizar fuertes inversiones en infraestructura para el tratamiento de la basura en lugar de seguir los lineamientos de la Ley Basura Cero (LBC) que, antes que grandes inversiones de capital, enfatiza la educación ambiental como primordial medio para concientizar ambientalmente a los ciudadanos respecto de utilizar menos envases, reciclar y reutilizar al tiempo que propicia la participación de la ciudadanía en la separación de los residuos en los hogares y la de los cartoneros, ocupándose de la fracción seca, reciclable. Por último, aunque no menos importante, la inversión en los centros verdes significará un monto multimillonario, seguramente adjudicado a las empresas amigas del gobierno, además de ser motivo de futuras inauguraciones de obra; en cambio, el camino de Basura Cero delineado por la Ley 1854 es un mecanismo altamente participativo, que requiere de educación ambiental y la dignificación efectiva de los cartoneros, nada de lo cual es deseable para el gobierno de turno. Lo preocupante es observar cómo la mayoría de la oposición política legislativa y de las ONG’s se asocian de diversas maneras al oficialismo en el creciente distanciamiento registrado respecto de la LBC, lo que visto desde otra perspectiva es lisa y llanamente ir contra la ley.

3. Anuncio de la construcción de dos nuevas plantas MTB (plantas de tratamiento mecánico-biológico) en la ciudad, para el procesamiento de residuos de la ciudad6. Se trata de una tecnología localmente conocida –ya que hace más de un año se encuentra en funcionamiento una planta similar en el Ceamse de J. L. Suarez- que ha mostrado pobre performance debido a la más que imperfecta separación en origen que se lleva a cabo en la CABA. Ello ha redundado en el bajo porcentaje de residuos reciclados por la planta mientras el resto de la basura se divide entre residuos orgánicos inertizados que sólo sirven como cobertura del relleno sanitario y un resto de basura que se entierra en dicho relleno. En síntesis, resulta la antítesis de lo propuesto por la LBC cuando ésta señala7 que el reciclado supone la separación de los residuos en origen, la participación de los usuarios finales de los reciclados y de los consumidores en su cadena de gestión; con lo que –según la ley- se incrementará el nivel de conciencia sobre la necesidad de reducir la producción de éstos. Es así que, la planta MTB es una costosa inversión (alrededor de $ 900 millones será el monto a pagar por las dos plantas), nada recomendable dada la reducida efectividad evidenciada. En realidad, debido a la sistemática carencia de información pública sobre residuos y basura –en total contravención a lo dispuesto al respecto por la LBC y la ley de información ambiental- no se pueden sacar certeras conclusiones. De ahí que se requiera tener la información para poder evaluar los resultados de la planta MTB y mientras tanto debería postergarse la decisión de seguir apostando a esta

 

⁸ http://www.ambito.com/noticia.asp?id=738379

tecnologia que -por la escasa información develada- se estima ha fracasado en nuestro medio debido a la baja tasa de separación en origen alcanzada.

 

4. Macabro hallazgo en planta MTB del Ceamse. El segundo cadáver encontrado en un año en la planta MTB (planta de tratamiento mecánico-biológico) del Ceamse suscita algunas preguntas que los medios de comunicación casi no han planteado:

• ¿Puede un cuerpo humano llegar entero a la planta MTB después de pasar por el camión recolector/compactador, por la planta de transferencia y de ahí el camión transportador que lleva la basura a J. L. Suarez -nuevamente compactada con grandes máquinas a elevada temperatura?

• El actual sistema de recolección, procesamiento y disposición final de la basura se ha mostrado apto para descubrir cadáveres, para molestar a indigentes refugiados en containers y darle un susto mayúsculo a un indigente8 -que entró dentro de un container al camión compactador y si no fuera por sus gritos desaforados vaya a saber qué destino le hubiera tocado. ¿es este sistema inhumano el que se corresponde con el delineado por la Ley Basura Cero hace ya ocho años?

• ¿Cómo la Ceamse no dio un comunicado oficial sobre la aparición del 2o. cuerpo, mientras –en cambio- se oyó la voz del secretario general del gremio dando su opinión sobre el hallazgo? ¿oficiará éste de vocero extraoficial o lo hace simplemente de oficioso?

• El Ceamse no es un ente autónomo sino que es una empresa estatal de propiedad de la CABA y la Provincia de Bs. As. ¿Cómo entender, entonces, que ninguna autoridad de estas jurisdicciones o de la Nación (debido al carácter interjurisdiccional del Ceamse) haya emitido aunque sea un comunicado oficial al respecto?

• De acuerdo con la Ley de Basura Cero existe una comisión de asesoramiento técnico de la ley, integrada por representantes del sector privado, ONG’s y universidades. Esta comisión que, aunque más no fuera por omisión, ha avalado el nuevo sistema de basura ¿va a seguir sin decir palabra frente a las “consecuencias no deseadas” del sistema?

• ¿Será que este último año empezó una moda de deshacerse de cadáveres a través del Ceamse o que ello siempre sucedió y nunca antes se los encontraba por no haber existido una cinta de separación como la de la MTB?

Más allá de lo macabro, este hallazgo también pone en evidencia que los residuos que llegan a la planta MTB no son reutilizables –ya que quedan destruidos- debido a los procesos físicos aplicados previamente a la separación de los mismos y debido a la maquinaria pesada involucrada en dichos procesos de “recolección”, desde el momento en que los residuos entran al camión recolector -puerta de entrada del proceso- hasta que terminan en el relleno sanitario.

 

5. Viaje a San Francisco (USA) del Ministro de Ambiente, Cenzón -junto a varios legisladores de las distintas bancadas- para aprender a reciclar los

 

⁹ http://www.lanacion.com.ar/1696504-basura-cero-la-ciudad-aprende-de-san-francisco-a-reciclar-los-residuos

¹⁰ En los considerandos de la Reglamentación de la LBC se señala que el reciclado supone la separación de los residuos en origen y la participación de los usuarios finales y de los consumidores en su cadena de gestión, con lo que se incrementará el nivel de conciencia sobre la necesidad de reducir la producción de éstos.

¹¹ http://www.nuevoambiente.org.ar/index.php/2014/04/13/ceamse-y-planta-de-tratamiento-ante-falta-de-respuesta-preparan-movidas/

¹² Leer entre líneas en: http://www.lanacion.com.ar/1649845-scioli-y-moyano-se-reencontraron-luego-del-enfrentamiento-electoral

residuos9. Llama la atención que a más de 8 años de la Ley Basura Cero el GCBA tenga que ir a USA a aprender la materia. Y llama poderosamente la atención porque mientras la ley es meridianamente clara y taxativa en cuanto al reciclado10 y a los grandes lineamientos por donde debe transitar el proceso Basura Cero el GCBA sigue con el antiguo paradigma de Higiene Urbana, a cargo del mismo tipo de empresas que desde hace más de 3 décadas son las contratistas del servicio –sólo que ahora con una mayor sofisticación técnica- justamente cuando el sistema para implementar Basura Cero requiere una concepción diametralmente opuesta -tal como indica la propia ley. Por ello, antes que ir a otro lado a aprender cómo encaminar Basura Cero se requiere releer la ley y procurar o exigir por todos los medios que la misma se cumpla, en lugar de consentir el camino opuesto del –muy apropiadamente denominado- servicio de Higiene Urbana.

 

6. Legisladores provinciales de diversos partidos de PBA reclaman se deje de enterrar basura en Punta Lara.

 

Sería interesante conocer porqué se paralizó el proyecto de La Plata (y sus alrededores) para la gestión integral de los residuos de la región La Plata dentro del propio territorio, planeado para salir del carísimo y socio-ambientalmente pernicioso esquema de grandes contratistas-transportistas/Ceamse y cumplir con la legislación provincial11, para lo que recibió en sus comienzos el aval del gobierno provincial aunque después entró en un cono de sombra debido a demoras de parte del gobierno de PBA en transferir los fondos prometidos y por un desvío de dinero de dichos fondos por parte del municipio de Ensenada. De cualquier manera, por ser una iniciativa heterodoxa que desafiaba al estrecho lobby del negocio, no es difícil imaginar los motivos por los cuales el proyecto se quedó sin apoyo oficial y hoy día prosiga el relleno sanitario del Ceamse en Punta Lara, donde se sigue enterrando la basura del Gran La Plata.12 En definitiva, el proyecto muestra otra faceta de la compleja relación política-economía que –a diferencia del analizado de Quilmes- en este caso hasta ahora no ha tenido un desenvolvimiento virtuoso.

B. De las cuestiones presentadas y analizadas en este Informe hay un par de temáticas que aparecen recurrentemente, motivo por el cual ameritan una reflexión adicional.

1. La primera es sobre el Ceamse, un organismo frecuentemente criticado y cuestionado en la última década desde los más diversos sectores sociales y políticos y –sin duda- actor clave del paradigma de la basura

¹³ Eso sí, todo muy marketinero, con mucho despliegue gráfico, tal como se puede ver en: http://www.ceamse.gov.ar/

¹⁴ http://www.168horas.com.ar/nota.php?id=15290&t=Mancini,%20del%20CEAMSE:%20%93La%20soberbia%20dej%F3%20sorda%20a%20Cristina%94

¹⁵ Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-20170-2003-05-16.html y http://catancontralaceamse.wordpress.com/

¹⁶ Ver Informe No. 4. LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LA BASURA EN BUENOS AIRES, Enero/Febrero 2014

Un negocio de miles de millones de pesos, fuertemente regulado por los estados involucrados aunque la normativa es permanentemente vulnerada, en el que la Nación, la CABA y la PBA confluyen en el Ceamse -empresa estatal de la que son propietarios estas dos últimas jurisdicciones- que no presenta balances, no informa sobre sus actividades más de lo poco que quiere13 y cuyo secretario gremial funge de vocero empresarial y afirma que desde el 2005 la Ley Basura Cero no se cumplió en la CABA y vaticina que nunca se va a cumplir14. Un negocio que, básicamente, descansa sobre la buena disposición del Ejército Argentino (que facilita tierras del conurbano, localizadas en Campo de Mayo, donde enterrar la basura), gestionada por el gobierno nacional, pero que según afirma éste ya no hay más espacio para seguir ampliando ahí los rellenos sanitarios del Ceamse. Un negocio que durante muchos años afectó severamente la salud de poblaciones contiguas a los rellenos hasta que dicha población dijo ¡basta! 15y, desde entonces, no hay nuevos centros urbanos de la Provincia que acepten rellenos sanitarios en su propio territorio. Un negocio que hace caso omiso de leyes específicas vigentes en cada una de las jurisdicciones, tal vez, debido a la complacencia y connivencia de los diversos gobiernos involucrados -ya que como gran negocio deja jugosos márgenes, a modo de beneficio empresario, capaces de fluidificar las por momentos ásperas regulaciones públicas. Probablemente estos sean los motivos de la persistencia en el tiempo del Ceamse a pesar de críticas y cuestionamientos severos.

2. La segunda cuestión recurrente es el sistemático incumplimiento de la Ley Basura Cero16. Una ley aprobada unánimemente por la Legislatura de la CABA en el 2005, parcialmente reglamentada en 2007, es ninguneada cada vez más. Una ley que podría ser guía orientadora de la gestión integral de residuos sólidos de la CABA es tratada como letra muerta, conjuntamente con la Ley 992 de Dignificación de los Cartoneros y la Ley 1687 de Educación ambiental. Para dar una idea de cómo ha sido olvidada, cabe señalar que la Ley 1854 requiere del GCBA la realización de un informe anual, el cual no ha sido presentado (ni reclamado por la Legislatura) desde 2008.

C. Como se decía más arriba, la LBC instituyó los lineamientos básicos de una gestión integral dinámica de residuos urbanos mientras que la gestión del GCBA ensaya, sin solución de continuidad, diversos artificios (inclusive un plan de reciclado con cartoneros y sendos contratos con los grandes operadores de basura donde se establecen mecanismos por 10 años de duración, siendo que la

¹⁷ http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3af900da1abad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=df544e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD

LBC exige una flexibilidad que permita adaptar los mecanismos a los mejoramientos de la gestión) sin relación coherente entre sí a los que engloba y denomina de diversas maneras. Curiosamente, ellos responden a distintas áreas de gobierno que realizan actividades en la materia: medio ambiente, higiene urbana, agencia de protección ambiental, etc. A su vez, en la Legislatura, la problemática de residuos y basura es incumbencia de varias comisiones: ambiente, obras y servicios públicos, espacio público, cambio climático, descentralización, etc. Esta profusa dispersión promueve la confusión en la gestión y facilita que el GCBA siga infringiendo la Ley Basura Cero, que el gobierno gaste fortunas crecientes en la basura, los ciudadanos hayan sido ganados por el escepticismo y la ciudad siga con el antiguo paradigma higienista. Para dar una idea de la incoherencia existente en la materia cabe acotar que en el GCBA el principal actor es el ministro de ambiente mientras que en la Legislatura, el grueso del presupuesto relacionado con basura se trata en la comisión de obras y servicios públicos, quedando relegada la comisión de ambiente.

Para contrastar el conjunto de semejante incoherencia, inconsistencia y liviandad se presentará -a modo de antítesis, que evidencia la sencillez de un plan sistémico de gestión de residuos junto al deseo del mejoramiento ambiental del territorio- el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía, 2010-2019 17 que sustenta sólidamente las medidas de prevención, gestión, seguimiento y control de los residuos no peligrosos y constituye el marco de las bases que deben regir la política en materia de residuos no peligrosos en Andalucía hasta el año 2019. El Plan define sus objetivos y propuestas de actuación basándose en un elenco de principios rectores en materia de prevención en la generación y de gestión de residuos, considerando así los preceptos, reglas y estrategias establecidos por la Unión Europea para integrar el desarrollo socioeconómico con la conservación del medio ambiente, en general, y la correcta gestión de los residuos, en particular.

Entre los principios rectores del Plan se encuentran la aplicación del principio de jerarquía en la gestión, la prevención en la generación de residuos, la minimización del depósito en relleno sanitario -que pasa por priorizar la valorización material y energética-, la proximidad y la autosuficiencia, el acceso a la información y la participación ciudadana, y la mejora permanente en la gestión de los residuos no peligrosos en el territorio.

Algunos de los objetivos orientados a este ámbito acorde con el Plan Director, son la definición de las tecnologías de tratamiento más adecuadas para cada tipo de residuo, contemplando su viabilidad técnica y económica; el aprovechamiento de las diversas fracciones procedentes de los residuos mediante su valoración material o energética; o el fomento del mercado de productos reciclados.

En cuanto a las instalaciones, se potencia la mejora de la eficacia y eficiencia y la minimización de los impactos ambientales asociados a estas instalaciones, así como el estudio de la viabilidad de la implantación de las instalaciones de valorización energética de residuos no peligrosos, como operaciones de tratamiento tras los procesos de valorización material y compostaje. Una buena gestión de los rellenos sanitarios pasa por reducir la cantidad de residuos depositados, potenciando el aprovechamiento de los rechazos de las plantas de recuperación y compostaje, antes de su depósito y el máximo aprovechamiento del biogás en los mismos.

Así de coherente, consistente, sistemático y sencillo debería ser el plan de gestión integral de residuos sólidos de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho que después de nueve años de existencia de la Ley Basura Cero la CABA no esté embarcada en un proceso semejante se debe no sólo al GCBA –principalísimo responsable- sino también, en distinta medida, a la sociedad civil –incluyendo dentro de ella a los políticos, gremialistas, Ong’s, universidades públicas y privadas, que no se oponen a la gestión oficial y no exigen el cumplimiento de la ley.

 

 

PROYECTO DE LEY Nº 1883 – C – 2013

DE REPARACIÓN HISTÓRICA Y

RESARCIMIENTO POR DEUDA AMBIENTAL DE

AUSA AL BARRIO PARQUE AVELLANEDA

SOLUCIÓN VERDE A LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN (sonora y

atmosférica) PROVOCADA POR LAS AUTOPISTAS PERITO MORENO,

DELLEPIANE Y 25 DE MAYO Y CÁMPORA

Impulsado por la Comuna 9 de la CABA

Art. 1º- Créase el Programa de Reparación Histórica y Resarcimiento por Deuda

Ambiental de AUSA al Barrio Parque Avellaneda con el fin de mitigar los efectos

negativos de las Autopistas Perito Moreno, Dellepiane y 25 de Mayo y posibilitar

alcanzar los objetivos de la Unidad Ambiental y de Gestión Parque Avellaneda.

Art. 2º- Los objetivos del Programa de Reparación Histórica y Resarcimiento por

Deuda Ambiental de AUSA son los de: restituir las instalaciones gubernamentales y

edificios históricos, los llamados bajos de autopista incluidos en el área del Parque

Avellaneda previa a la construcción de la AU6, el traslado del los edificios del área

administrativa de AUSA de su actual emplazamiento al lado Oeste de la estación de

peaje y la recuperación de los terrenos invadidos al Parque por vecinos de la

medianera Sur.

Art. 3º. Créase un Polideportivo, Escuela de Iniciación Deportiva y Centro Cultural en

las plazoletas del Boulevard Lasalle, entre la Avenida Eva Perón y la Colectora

Dellepiane, aledaño al Barrio Villa Cildáñez, con las características establecidas en el

Art. 2), del ANEXO I, de la presente ley.

Art. 4º- Los edificios desalojados por el traslado del área administrativa de AUSA,

desde su emplazamiento Este a la parte Oeste de la estación de peaje, se destina a la

Escuela de Iniciación Deportiva y Educación para la Salud que contempla el Art. 1

apartado “c)”del ANEXO I, de la presente ley.

Art. 5º- Créase una barrera acústica y transparente de 3 metros de altura a ambos

lados y de toda la traza de las Autopistas Dellepiane, Perito Moreno, 25 de Mayo y

Cámpora con el objeto de mitigar los efectos de la contaminación sonora producidos

por los vehículos que circulan por dichas autopistas urbanas. En las zonas de las

estaciones de peaje Perito Moreno y de empalme de esta autopista con la Dellepiane y

25 de Mayo, la altura de la barrera será de 4 metros.

Art. 6º- Créase una barrera de árboles y arbustos a ambos lados y a lo largo de toda la

traza de las Autopistas Dellepiane, Perito Moreno, 25 de Mayo y Cámpora con el

objeto de mitigar los efectos contaminantes de gases y particulado fino producidos por

los vehículos que circulan por dichas autopistas urbanas.

Art. 7°- Autopistas Urbanas Sociedad Anónima será la autoridad de ejecución de las

obras previstas y la dotación del equipamiento correspondiente a este Programa de

Reparación Histórica y Resarcimiento por Deuda Ambiental de AUSA al Barrio Parque

Avellaneda, en un plazo máximo de tres (3) años, en atención al artículo 22 del Anexo

del Decreto Nº 2356/03 "Reglamento de Explotación".

17.6.2014

Convocamos a los/as docentes de todos los programas y sectores a la reunión de la comisión socioeducativa/precarizados de Ademys el

Miércoles 18/06 a las 18 hs. en nuestra sede de Solís 823.

Los programas y sectores pertenecientes al Área de Programas Socioeducativos, los que quedaron por fuera de la ley 3623 y los que fueron creados en los últimos años, vienen sufriendo un proceso de vaciamiento y precarización por parte del Ministerio de Educación.

Algunos programas vienen sufriendo un desgranamiento debido a que no se cubren las renuncias o vacantes que se generan, lo que sucede especialmente en las vacantes generadas por docentes en comisión de servicio cuyos cargos u horas cátedras de base pertenecen a otro sector.

En otros casos, se acelera la salida de docentes que optan por concursar y tomar cargos dentro de las áreas históricas del sistema educativo. Tal situación afecta en especial a programas en los que la ley 3623 cristaliza una separación artificial entre docentes que deberían clasificarse en una misma área; distorsión muy evidente por ejemplo en Maestro+Maestro, que debería pertenecer a Primaria. La inexistencia de carrera docente dentro del programa, y el no otorgamiento de puntaje por antigüedad por fuera del Área Socioeducativa, fomentan aquella salida. Este aspecto de la ley 3623 fue cuestionado desde Ademys, y es parte de un debate al interior de los programas que no se encuentra cerrado.

A esto se agrega que, en algunos programas, la Gerencia Operativa de Escuela Abierta a cargo de Ricardo Urresti traba nombramientos de vacantes, crea programas "fantasma" paralelizando los ya existentes, desconoce la Resolución 2090 que prescribe cómo realizar las coberturas de interinatos y suplencias de Coordinaciones, y toma personal por fuera de los mecanismos previstos sin informar sobre la situación de estos/as trabajadores/as, sobre sus funciones, situación laboral y pertenencia.

Persisten actualmente modalidades de planta transitoria docente, contratos de locación y cargos precarios de "monto fijo" en algunos programas y áreas no incluidas en la socioeducativa (CePA, Currícula, Centros de Actividades Infantiles, Intensificación y Diversificación Curricular, entre otros). Pero además se han generado nuevamente contratos de locación al interior mismo del área socioeducativa, como sucede en el Programa Primera Infancia, dependiente de la Dirección de Andrea Bruzzos.

Por otra parte, los cargos de los programas incorporados al Estatuto Docente a partir de la ley 3623 no han sido reglamentados. Este vacío permite a la gestión modificar arbitrariamente las tareas que los/as trabajadores/as deben desempeñar, así como los días, horarios y lugares de trabajo. Esto se relaciona con la aplicación del artículo 12 de la ley 3623, que otorga esa competencia a las gerencias y coordinaciones. Pero como, además, se avanza en desconocer a las coordinaciones, la Gerencia Operativa asume esa potestad, así como una creciente apropiación de responsabilidades administrativas y pedagógicas. El despido del Maestro Claudio Espector de la Coordinación de Orquestas Infantiles y Juveniles es clara expresión de este proceso.

Finalmente, la situación de irregularidad de la junta 'ad hoc' del Área de Programas Socioeducativos debe superarse. Seguimos planteando la necesidad del llamamiento a elecciones de los miembros de junta de clasificación.

 

POR LA TITULARIZACIÓN DE TODOS/AS LOS/AS DOCENTES PRECARIZADOS/AS

 

Desde Ademys seguimos sosteniendo que la titularización de los/as trabajadores/as de la educación precarizados/as, y su incorporación al Estatuto Docente conforme la actividad y necesidades específicas de los distintos programas y sectores, es condición para frenar las políticas de precarización laboral y educativa que vienen desarrollando las distintas gestiones de gobierno.

Recientemente se presentó, en la Legislatura, un proyecto de ley de titularización de los/as docentes de los Programas Socioeducativos, que deja abierta la posibilidad de ingreso de trabajadores/as y programas y sectores que aún se encuentran por fuera del área.

La sola presentación de este proyecto por parte de la UTE implica un gran avance en los debates -muchas veces públicos- que venimos manteniendo en relación a cómo solucionar los problemas de fondo de este sector educativo. El proyecto de ley -que colaboramos en su difusión- tiene aspectos progresivos que Ademys sostuvo en soledad durante años; el más importante es que titulariza a todos/as los/as docentes al momento de sancionarse la ley.

Sostenemos la necesidad de abrir un extenso y profundo debate en la base sobre la situación general y particular de cada programa, y sobre los aspectos progresivos, modificaciones y agregados que se puedan realizar en dicho proyecto de ley.

La ley 3623 que crea el Área de Programas Socioeducativos contiene numerosas contradicciones, errores y limitaciones, que afectan de manera aguda la realidad y el futuro de los programas. Es necesario, en consecuencia, impulsar una serie de modificaciones a dicha ley.

Por último, expresamos que vaciamiento, paralelización y privatización de programas no serán solucionados a través de un proyecto de ley, sino a partir de la organización de cada programa y sector, y de la articulación entre los mismos, para enfrentar con la movilización y la lucha todos los ataques de la gestión macrista.

 

·         invitamos a todos/as los/as docentes de programas educativos a abrir un debate sobre la situación actual y sobre el proyecto de ley presentado en legislatura.

·         proponemos la elaboración, desde cada programa, de las modificaciones necesarias para que el proyecto de ley contenga todas las situaciones particulares e intervenir activamente en el proceso de elaboración.

·         planteamos la necesidad de realizar modificaciones a la ley 3623 en base a las realidades de los distintos programas.

 

Convocamos a los/as docentes de todos los programas y sectores a la reunión de la comisión socioeducativa/precarizados de Ademys el

Miércoles 18/06 a las 18 hs. en nuestra sede de Solís 823.

 

COMISIÓN ÁREA SOCIOEDUCATIVA / PRECARIZADOS DE Ademys

17.6.2014

Contempla mecanismos para proteger a los/as inquilinos/as, mejoras al sistema de garantías bancarias, sanciones por excesos en las comisiones inmobiliarias y subas de impuestos para propiedades ociosas
 
La intención del proyecto está en sintonía con la necesidad de revertir los alarmantes datos en torno al déficit habitacional: La Ciudad de Buenos Aires tiene viviendas suficientes para alojar a todos sus habitantes, a un promedio de 2 personas por vivienda.  De 1.423.973 propiedades existentes, 340.975 (el 24%) se encuentran deshabitadas. De esto cabe concluir que el problema de la emergencia habitacional no se soluciona solamente construyendo más viviendas, sino que requiere adoptar medidas que incidan sustancialmente en la realidad particular de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es por eso que la diputada y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura, María Rachid, presentó hoy en coautoría con el diputado Jorge “Quito” Aragón, una iniciativa de ley que establece un régimen de alquileres para garantizar a los sectores más vulnerados, y a la clase media, el pleno ejercicio de su derecho de acceso a la vivienda.  

El Proyecto de Ley de Locaciones Urbanas con Destino a Vivienda define, en primer lugar, la función social de todo uso del suelo, especialmente el destinado a ese fin. Con el objetivo de incrementar la oferta de propiedades en alquiler y que esto redunde en costos más accesibles para los/as inquilinos/as, establece impuestos a la propiedad que no está ocupada ni en alquiler, equivalentes al 300% del ABL. A su vez, define pautas para los contratos de alquiler a favor de quienes alquilan, evitando así abusos de los/as agentes inmobiliarios y poniendo límites al cobro de sus comisiones. Por otro lado, considerando las falencias que presenta actualmente el régimen de garantías del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, se propone una reforma del mismo que facilite la obtención de éstas para  aquellos/as que no cuentan con un aval propietario al momento de alquilar. Finalmente, para favorecer el otorgamiento de subsidios a personas en situación de calle, el proyecto incluye la creación del Fondo para Locaciones Urbanas destinadas a Vivienda. 

Al respecto Jorge Aragón manifestó que “la toma de tierras es una realidad por la que atraviesa nuestra Ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años. Es preciso abordar la problemática desde una perspectiva social, así evitamos situaciones que generan violencia dentro de la comunidad, como es el caso de los desalojos que utiliza el MACRISMO como política de Estado”, aseguró.

Sobre el proyecto de ley, Quito argumentó que “esta iniciativa viene a reparar una deuda social porque nuestro objetivo es que el Estado pueda garantizar a los sectores más humildes el acceso a la tierra, tal como sucedió durante la primera presidencia del General Juan Domingo Perón con la ley de alquileres. El avance del mercado es un hecho que generó la mercantilización de nuestros derechos sociales", concluyó el legislador. 

Por su parte María expresó que “estamos presentando esta iniciativa a partir de la ausencia de una política habitacional concreta e inclusiva por parte del Gobierno de la Ciudad. Hoy la vivienda en la Ciudad parece ser más una mercancía que un derecho. La falta de políticas públicas facilitan la especulación económico-financiera y dificultan el acceso a la vivienda para la clase media y los sectores más vulnerados de la sociedad.  El proyecto de ley de alquileres que presentamos hoy  expresa nuestra voluntad para que la legislación  local priorice el acceso a inmuebles destinados a ser vivienda única, sobre aquellos destinados a satisfacer una acumulación inmobiliaria desmedida; proteja a los inquilinos y facilite el acceso a una vivienda para todas las familias; y empezar a instaurar así, una política habitacional según las necesidades sociales de la Ciudad”. 

Y agregó: "Existen 500.000 personas que viven en asentamientos urbanos. Por eso, ya tenemos presentado un proyecto para declarar la emergencia habitacional, acompañamos la iniciativa del diputado Taiana para crear el Ministerio de la Vivienda, y seguimos exigiendo que se cumpla con las leyes de urbanización de villas, y que se ejecute el presupuesto del IVC que año tras año el Gobierno de la Ciudad no utiliza”.

14.6.2014

El conflicto en el subterráneo por la seguridad continuaba hoy, con cruces entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y los representantes de los metrodelegados, sindicalistas de base.

Subterráneos de Buenos Aires informó en un comunicado que "el índice de delitos ocurridos en la red bajó desde el segundo semestre de 2013", tras lo cual calificó de "irracional y arbitraria" la huelga de dos horas y el levantamiento de los molinetes que hicieron ayer los sindicalistas como medida de fuerza.

"Hay cinco veces menos delitos en la red que el año pasado. El Plan de Seguridad en el subte pone el acento en cuidar a los usuarios", afirmó el titular de Subterráneos de Buenos Aires, Ing. Juan Pablo Piccardo. "En términos estadísticos, los delitos han bajado notablemente desde mediados del 2013, lo que vuelve irracional y arbitraria la medida de fuerza implementada ayer en perjuicio del millón de usuarios que diariamente utiliza el subterráneo", estableció en un comunicado el organismo.

Además, aclaró que "los 400 efectivos de la Policía Metropolitana realizan vigilancia en la red a través de la metodología de rondines y circulan por estaciones y andenes para lograr visibilidad entre los usuarios y disuadir arrebatadores y punguistas", y resaltó que el personal "circula por andenes y formaciones y durante el mes de agosto se incorporarán 100 efectivos más. Estos se suman al personal de seguridad privada apostado en boleterías".

Por su parte, el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, insistió con sus reclamos de mayor seguridad -aunque sin paros- y explicó que, en las próximas horas, en una nueva asamblea, se definirán "los pasos a seguir en el reclamo sobre mayor seguridad en boleterías, andenes y trenes".

Pianelli manifestó que no tuvieron ninguna respuesta de la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) o el concesionario Metrovías tras la huelga que ayer paralizó el servicio de 5 a 7 y que generó que los molinetes estén liberados durante todo el día . El conflicto se inició el 1º de junio pasado cuando la Policía Metropolitana se hizo cargo de la seguridad al reemplazar a las fuerzas federales que tenían esa responsabilidad.

Los efectivos de la Metropolitana hicieron hincapié en realizar recorridas dentro de las formaciones pero, según los trabajadores, quitaron la vigilancia de las boleterías, que es donde sufren reiterados asaltos.

La AGTSyP reclamó en varias oportunidades que la empresa Metrovías realice el blindaje de las boleterías en las estaciones más peligrosas, pero esa petición "no fue cumplida por la empresa", aseguraron.