El arte se moviliza en defensa de las escuelas artísticas

1.4.2015

Una vez más, el macrismo, a través de la Directora del Área Artística Claudia Cabria, ataca las escuelas artísticas. Al desfinanciamiento general que sufre el área, se le suma ahora un ataque directo, intentando cerrar cursos, denegando el nombramiento de docentes, dando de baja cargos y cesanteando docentes. Por ello, desde Ademys somos parte de la lucha de los docentes y estudiantes de todas las escuelas artísticas y  participamos hoy concentración realizada en la Legislatura porteña.

En la asamblea participaron docentes y estudiantes, que expresaron las problemáticas de las escuelas y se hizo entrega de petitorios a representantes de legisladores porteños. 

Luego, los docentes y estudiantes en asamblea resolvimos convocar a la realización de una gran movida artística el próximo miércoles 8 de abril, desde las 13hs en la Jefatura de Gobierno, Av. de Mayo y Perú, donde se expondrán todas las realizaciones artísticas que desarrollamos en nuestras escuelas. Invitamos a toda la docencia y comunidad educativa a acompañarnos.

Al finalizar la asamblea y muestra artística en Legislatura, los docentes y estudiantes marchamos hasta Esmeralda 55, Dirección del Área, donde hicimos entrega de los petitorios y exigimos a las autoridades la resolución de todos los problemas planteados.

– Reapertura de los cursos cerrados y restitución de los docentes afectados a los cierres de cursos.

– Presupuesto urgente y nombramiento de cargos TP y horas de creación en las especialidades artísticas y bachilleres

– No a la desintegración de cargos de TP por renuncia o jubilación

– No al desfinanciamiento y falta de espacios para los proyectos de difusión de las carreras artísticas

– Resolución inmediata de los problemas de infraestructura y edilicios

– Construcción de los edificios que ya tenían asignados presupuestos: la Escuela de Danzas 2 Jorge Donn de Artes Visuales Rogelio Yrurtia

– Por la continuidad de la carrera de Realizador en el turno vespertino en el Lola Mora

RAMAL PIDIÓ LA INTERPELACIÓN DE CABRERA POR IRON MOUNTAIN

27.3.2015

En la reunión de Comisión de Desarrollo Económico convocada para discutir la crisis abierta por Iron Mountain, el Diputado del Frente de Izquierda Marcelo Ramal pidió la interpelación inmediata del Ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera y del titular de la Agencia de Control Comunal.

Ramal afirmó que “luego que las pericias han determinado que el incendio fue intencional, de que a raíz de esto murieron 10 rescatistas y bomberos, de que el hecho estaría vinculado al ocultamiento de pruebas por casos de lavado de dinero de grandes bancos como el HSBC, de que Iron Mountain fue beneficiada con un régimen de excepciones impositivas por lo menos dudoso y, finalmente, de que los inspectores del GCBA denunciaron que funcionarios de alto rango bloquearon la clausura de Iron Mountain, es necesario interpelar a Cabrera y los funcionarios implicados para determinar las responsabilidades administrativas y políticas de estos sucesos”.

Al finalizar la reunión Ramal planteó que “el PRO quiere dilatar la cuestión y evitar la citación al recinto, pero la respuesta a el último pedido de informes sobre Iron Mountain demoró once meses, y la gravedad de las revelaciones de las pericias amerita una interpelación inmediata”.

SUSPENDEN LA DEMOLICIÓN DEL PETIT HOTEL DE MARÍA JULIA

20.3.2015

En el día de hoy, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 13, Dr. Guillermo Scheiber, ordenó como MEDIDA PRECAUTELAR “…al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, que suspenda de manera inmediata los efectos de la autorización de demolición otorgada para el inmueble sito en la calle Junín 1435 de esta Ciudad y adopte las medidas necesarias para que se suspendan de inmediato las tareas enderezadas a ese fin; y (ii) a la empresa demoledora ROCIO VIAL SRL y a la Directora de Obra NILDA JUSTA CISNEROS, que de manera inmediatasuspendan la demolición del inmueble sito en la calle Junín 1435 de esta ciudad”.

La MEDIDA PRECAUTELAR se dictó en la acción de amparo presentada en el día de ayer por la Comunera de Recoleta por el Frente para la Victoria, GABRIELA CASTILLO a fin de preservar el valor patrimonial histórico y cultural del inmueble sito en la calle Junín 1435 de esta Ciudad, Comuna 2.

GABRIELA CASTILLO celebró la suspensión ordenada por la justicia Porteña y sostuvo que: “Este fallo ejemplar viene a poner un límite a la voracidad de las presiones inmobiliarias que en su afán de construir quieren  arrasar con el patrimonio histórico y arquitectónico de Recoleta. Esta vez le tocó al petit hotel de "María Julia", uno de los íconos de la corrupción menemista, que estaba siendo demolido en flagrante violación de toda la normativa de Protección Patrimonial”.

Entre sus fundamentos, el Dr. Scheibler sostuvo que: “…el principal interés a tutelar en el caso radica en asegurar la no frustración de la adecuada protección de los bienes colectivos involucrados en autos en los términos de las normas constitucionales y legales referidas que han merecido un calificado tratamiento por parte de los órganos representativos. En tal sentido, no puede desconocerse que el barrio de Recoleta posee características tipológicas muy determinadas que lo singularizan y convierten en uno de los espacios distintivos de la Ciudad de Buenos Aires, destacado por propios y extraños y fomentado turísticamente por el propio Gobierno de la Ciudad.”

Finalmente, la Comunera Gabriela CASTILLO dijo: “Este fallo nos alienta a seguir trabajando, como lo venimos haciendo desde hace cuatro años, para detener la destrucción del patrimonio de Recoleta”.

“El PRO quiere desarticular el trabajo de las cooperativas de cartoneros”

17.3.2015

La diputada del Frente para la Victoria Claudia Neira presentó un pedido de informes al Ejecutivo Porteño para solicitar información sobre los movimientos de personal en la Dirección General de Reciclado (DGREC) en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

Neira expresó que "los trabajadores del área han tomado conocimiento del traslado de 37 trabajadores hacia la Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública (DGFVP)" y agregó que:

"Esto significaría una reducción a la mitad del personal de calle, o Responsables de Grupo (RG), quienes cumplen una función central para el proceso de formalización de los más de 5.000 Recuperadores Urbanos que hoy están dentro del sistema."

Sumado a la incertidumbre que generan estos movimientos, todavía no hay claridad sobrecuál es el Plan de Trabajo 2015 de la DGREC, es decir, cómo se piensan cumplir las metas de la Ley N° 1.854/05 y las responsabilidades asumidas por el ejecutivo en el Pliego de Residuos Sólidos Urbanos (Fracción Secos) con menor personal.

 

La diputada manifestó que "Mauricio Macri arroja por las borda una de las pocas cosas que han mejorado en su gestión",y agregó:

"El PRO quiere desarticular el gran trabajo que han realizado en estos años las cooperativas de cartoneros"

El Tribunal Superior de Justicia habilitó el uso de las taser en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

17.3.2015

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD

En 2010 el ODH había presentado un amparo para frenar su uso. Esta medida había logrado fallos judiciales favorables en primera y segunda instancia.

Nos enteramos por los medios de la decisión del TSJ de la Ciudad que revoca estos fallos, permitiendo la utilización de las neopicanas Taser por parte de la Policía Metropolitana.

La resolución judicial restringe el acceso a la Justicia para evitar inmiscuirse en las pruebas del expediente: El Comité Contra la Tortura de la ONU y otros organismos internacionales como Amnistía Internacional desaprobaron el uso de las armas tipo Taser, afirmando que este tipo de armas lesiona derechos como la vida, la integridad física y la salud de las personas. La propia Policía Metropolitana reconoce la lesión a la integridad física y a la salud que provoca el arma. También reconoce la ausencia de protocolo; diferentes fuerzas nacionales de seguridad recomiendan la no utilización o informan que no poseen esta arma; entre otras pruebas contundentes.

Lo que se demuestra en el expediente y no es rebatido por el TSJ -con la honrosa excepción de la Dra. Alicia Ruiz que vota en disidencia- es que el uso de armas Taser por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno local constituye una forma de tortura y vulnera de este modo los artículos 2 y 16 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y los derechos a la vida, integridad física y salud consagrados en Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y en la Constitución Nacional y Local.

La acción fue iniciada en 2010 por este Observatorio, mediante un amparo presentado con la firma de Carlos Pisoni contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que “se impida la utilización de las armas denominadas no letales Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local, por consistir las mismas un elemento de tortura”.

Los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás coincidieron en que el accionante “carece de legitimación para cuestionar la validez de las resoluciones”.

Esta pretendida carencia de legitimidad de Carlos Pisoni, integrante del ODH, en su carácter de ciudadano está expresamente ratificada por el artículo 14 Constitución de la CABA que le otorga legitimación para ejercer la acción de amparo a “cualquier habitante”, con el fin de proteger la vida, la integridad física y la salud de todas las personas que se encuentran en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto pueden ser pasibles del accionar de las fuerzas de seguridad de la Ciudad, en lo que se refiere a las llamadas “armas no letales Taser x26”.

Se ha demostrado que la acción administrativa es violatoria de la Constitución y de las leyes de la Ciudad, puesto que la inminente adquisición de las armas, contraría lo dispuesto por el Comité contra la Tortura, el art. 34 de la CCABA (entre otros) y lo dispuesto en el art. 28 inc. b) de la Ley 2894.

Cabe recordar que el artículo 14 de la CCABA habilita la acción de amparo para aquellos casos en que exista una lesión, restricción, alteración o amenaza, actual o inminente a un derecho humano. De tal modo, el TSJ -particularmente el voto del Dr. Lozano- solo se limita a evocar el daño o perjuicio concreto o actual como vía para que proceda el amparo, esperando que haya un muerto o un torturado para poder acceder a la Justicia. Esta interpretación modifica, de modo inconcebible y por su propia voluntad, la letra de la Constitución. Los argumentos vertidos sobre la legitimación activa son inconsistentes y falaces.

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad al confirmar el fallo de primera instancia que había prohibido el uso de las neopicanas Taser X 26 sentenció que “cabe inferir que en un estado democrático, aún la mera sospecha de que el empleo de un arma, por parte de las fuerzas de seguridad, pueda derivar en una acción cruel, inhumana y degradante para la condición humana, impone extremar los medios de prueba tendientes a desvirtuarlo.”

Lamentablemente, el TSJ borra por decisión política, antes que por argumentos judiciales, un fallo histórico, coherente con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que hace a la argentina ejemplo en el mundo.

El Poder Judicial avala, con esta decisión, al Jefe de Gobierno, quien intentó llevar a cabo la fundación de una fuerza de seguridad al servicio de la represión y la tortura, a contramano de la Historia reciente de nuestro país y de lo receptado por la ley de Seguridad Pública y la Constitución de la Ciudad.

Una vez notificados formalmente del fallo, interpondremos un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

El miércoles pasado el gobierno porteño inauguró el Centro de Trasbordo de Av. Sáenz en el barrio de Nueva Pompeya  con bombos y platillos,  como demostración de la gestión del actual jefe de gabinete de CABA y el precandidato Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, las obras en Pompeya se hacen y deshacen. La realidad nos muestra que la gestión PRO está lejos de ser lo que nos venden en carteles amarillos y la publicidad en la que invierten millones. Para los vecinos de Pompeya caminar por el barrio se ha vuelto casi imposible.

En agosto de 2014 se terminó el trayecto de Av. Sáenz entre Del Barco Centenera y Av. La Plata del Corredor Metrobús, en el que se gastaron 6 millones de pesos y que fueron demolidos para dar paso a otro negociado de 40 millones de pesos que costó el nuevo Centro de Trasbordo que aun no sabremos qué efectividad tiene.

Quienes vivimos en la zona seguimos rodeados de un caos de tránsito inexplicable, con zonas y paradas sin luz y y con las complicaciones de tener decenas de líneas de colectivos que no tienen espacio para trasladarse. Denunciamos además que para llevar adelante esta obra  se desalojaron cientos de puesteros que día a día trabajaban sobre las pequeñas veredas de Sáenz, que se ganan la vida vendiendo en un espacio donde circulan más de trescientas mil personas por día. Trabajadores que suelen ser perseguidos y desalojados por la policía metropolitana.

“En un barrio donde pasan más de 20 líneas de colectivo y 350 mil personas circulan a diario es absurdo hacer obras que duren meses y se superpongan con otras. Macri ha colocado carteles inmensos haciendo alarde de su gestión pero no ha dado ninguna solución a los millones que se trasladan todos los días a la Ciudad. Nos quieren mostrar una Ciudad paradisíaca como parte de la campaña presidencial de Macri. La realidad está bastante alejada de eso”, afirmó Carina López Monja, referente de Pueblo en Marcha y candidata a legisladora porteña.

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