25.8.2015

Difundimos Comunicado de Prensa:

RE-URBANIZACIÓN DE LA VILLA 20

A 10 años de la Ley 1770 y a 1 año del desalojo del Barrio Papa Francisco
Nos movilizamos el 25 de Agosto, 11 hs. en el Obelisco

 

El 11 de agosto de 2005, la Legislatura Porteña sancionó la Ley 1770, en la que se obliga al Poder Ejecutivo a llevar adelante la urbanización de la Villa 20. Diez años más tarde nos encontramos convocando esta movilización porque nada de lo que dispuso esa Ley ha sido cumplido, y miles de familias seguimos padeciendo la grave situación habitacional, la carencia de servicios públicos básicos y la desintegración al resto de la ciudad.
Es por ello que reclamamos el inmediato cumplimiento de la Ley 1770, respetando su carácter participativo y recordando que en ella se determinó que el predio ubicado entre Pola, Av. Cruz, y Av. Escalada, debe ser saneado y destinado exclusivamente a la construcción de viviendas para nuestras familias.
Ese mismo predio, fue donde 700 familias construyeron el Barrio Papa Francisco. Ese mismo que hace un año vimos arrasar bajo la inclemencia de las topadoras que pasaron sobre nuestras casas durante el brutal desalojo. Todas las familias que quedaron sin vivienda el 23 de agosto de 2014, fueron expulsadas bajo la promesa de una solución habitacional que aún no ha sido cumplida. Nuestro barrio quedó ensombrecido bajo la acción de un gobierno cuya única respuesta ha sido la violencia, el olvido y la criminalización de los que luchamos por una vivienda digna. Ante el reclamo por la reurbanización sumamos la exigencia del desprocesamiento de nuestros compañeros y compañeras judicializadas durante la lucha del Barrio Papa Francisco.
Instamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que inicie de inmediato el saneamiento de la tierra para la construcción de viviendas sociales, ya que no tiene ninguna limitación formal para hacerlo y dispone de un presupuesto específico de $30.000.000 que se encuentra bajo la tutela de la Jueza Elena Liberatori.
De esta misma manera, y poniendo en alto la participación de todos nuestros vecinos, exigimos que para la re-urbanización de Villa 20 se tome en cuenta el proyecto realizado por la Cátedra del Taller Libre de Proyecto Social de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ya que este es el único diseñado íntegramente en conjunto con los vecinos y vecinas del barrio tal como determina la Ley. Por esta misma razón, rechazamos enérgicamente los otros dos proyectos de los legisladores Ritondo y Gentillini que quieren ser impuestos sin ser discutidos y consensuados con los vecinos.
Igualmente, teniendo en cuenta que ha pasado una década desde el momento de sanción de la Ley, solicitamos al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que incorpore al padrón de beneficiarios de Ley 1770 a todos los vecinos y vecinas que integran el censo del año 2014 realizado en la Villa 20 por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), así como a la totalidad de familias que componen el censo realizado en el mismo año dentro del Barrio “Papa Francisco”. Estos dos relevamientos de población cumplen con todos los criterios de formalidad en tanto fueron certificados ante Escribano Público y funcionarios del Gobierno de la Ciudad.
Los problemas habitacionales que sufrimos los vecinos de la Villa 20, entre ellos las condiciones deficientes de las redes de agua y cloacas, se ven agravados por la insuficiencia de establecimientos para la prestación de servicios de salud. Además de exigir el mantenimiento, mejoramiento y construcción de las redes de agua potable y cloacas para toda la Villa; queremos manifestar la preocupación generalizada que existe en el barrio respecto de la posible demolición del CESAC Nº18, ya que es un espacio de vital importancia para la salud de nuestro barrio y la asistencia social de nuestras familias. En este mismo sentido, exigimos inmediato cumplimiento de la Ley Nº 1769 que, también, desde hace diez años ordena la construcción de un Hospital para nuestra Comuna 8.

Esperamos que vecinos de todos los barrios de la Ciudad, especialmente de las villas y los asentamientos; organizaciones y movimientos sociales y políticos, organismos de derechos humanos, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles, referentes, grupos de investigación, docentes, y todos los que quieran sumarse a nuestros reclamos; nos acompañen el próximo 25 de agosto a las 11 hs, para movilizar desde el Obelisco y exigir:
RE-URBANIZACIÓN INMEDIATA DE LA VILLA 20 EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1770 DE 2005

 Saneamiento de la tierra para la construcción de viviendas sociales
 Incorporación de los Censos de 2014 de Villa 20 y Barrio Papa Francisco
al padrón de beneficiarios de la Ley 1770
 Respeto por el proyecto de urbanización diseñado por los vecinos junto con el Taller Libre de la FADU
 Construcción del Hospital de Comuna 8 en cumplimiento de la Ley 1769 de 2005
 Desprocesamiento de los compañeros judicializados durante la lucha del Barrio Papa Francisco

25.8.2015

10 AÑOS DE INCUMPLIMIENTO

DE LA LEY DE URBANIZACIÓN DE LA VILLA 20

-Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC)

-Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC)

-Equipo Legislativo VerdealSur

-Cátedra de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires – Taller Libre de Proyecto Social

1. PROMESAS INCUMPLIDAS

 

En la noche del 11 de agosto de 2005, los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nuevamente se comprometían a atender la situación de emergencia  habitacional y ambiental de la Villa 20[1], aprobando la Ley N° 1770 que afectó una serie de terrenos a su urbanización. (Ver Anexo I)

 

No era la primera vez que el Poder Legislativo prometía la urbanización de la Villa. En el año 1991, a través de la Ordenanza N° 44.873, el Concejo Deliberante creó los Distritos U31 que otorgaron una zonificación específica a cada una de las villas existentes y ordenó al Poder Ejecutivo que en un plazo de sesenta (60) días se elaboren los proyectos de urbanización específicos para cada una, entre ellas la Villa 20.

 

Pasaron los sesenta (60) días y se llegó a los siete (7) años sin que se elaboraran estos proyectos. El Concejo Deliberante, ni aún devenido en Legislatura con la aprobación de la Constitución de la Ciudad, consideró importante hacer respetar su orden y exigir la remisión de los proyectos de urbanización.

Como el Poder Ejecutivo no actuó a efectos de cumplir con la ley, la Legislatura advirtió la necesidad de reeditar la promesa de urbanización. Esta vez no quiso dejar sólo en manos del Poder Ejecutivo la elaboración de los planes de urbanización. Por esto, sancionó la Ley N° 148 que ordena la urbanización de todas las villas, entre ellas también la de la Villa 20, pero agrega que debe contemplarse la participación necesaria y real de los representantes de la Villa otorgándoles  poder de decisión.

Este camino tampoco funcionó. Pasaron otros sietes (7) años y esta promesa no pudo hacerse realidad ni en forma incipiente.

 

Así llegamos a la ya citada Ley N° 1.770, aprobada el 11 de agosto de 2005, donde la promesa de urbanización sólo se concentró en la Villa 20. Para ello, entre otras cuestiones, se afectaron terrenos, se ordenó la realización de un nuevo censo poblacional y la convocatoria a audiencia pública a fin de evaluar los parámetros principales de la urbanización.

 

Hace unos días se cumplieron diez (10) años de la aprobación de esta ley. Sin  embargo, el proceso de urbanización no se ha iniciado en ninguna dimensión.Sólo por medio de acciones judiciales se ha logrado que la Villa tenga un órgano de representación democráticamente electo: la Junta Vecinal reconocida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Sin embargo, ésta no ha sido escuchada en ninguno de sus reclamos de urbanización.

Esta sucesión de promesas institucionales en nuestro sistema constitucional constituyen derechos reconocidos a los habitantes de la Villa 20, y su constante incumplimiento constituye una grave violación de derechos humanos. En vez de reeditar viejas y falsas promesas y sancionar leyes que en lo sustancial repetían la orden de realizar la integración socio-urbanística de la Villa (urbanización), la Legislatura de la Ciudad debería haberse abocado a denunciar penalmente a los funcionarios que no cumplen con lo que las leyes establecen.

 

 

2. VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

 

Pero, ¿qué hay detrás de estas promesas incumplidas y de los derechos vulnerados? La presencia de fuerte segregación socio espacial y discriminación (Ver Anexo II): Miles de personas acceden al agua corriente a través de cañerías precarias, muchas de ellas pinchadas y otras tantas ni siquiera acceden al agua potable; igual situación se encuentra el servicio de cloacas; los cortes de luz son constantes; la población está contaminada por el cementerio de autos que por décadas estuvo en los terrenos de la Villa; la alta densificación poblacional conlleva el incremento de familias hacinadas y la densificación constructiva aumenta la inseguridad de las viviendas y el porcentaje de personas que sufrieron caídas desde altura por la falta de edificación adecuada.

 

En definitiva, decenas de miles de personas viven cotidianamente sin el saneamiento básico, sin luz regular, en riesgo sanitario continuo, en condiciones de vida sociales y de infraestructura absolutamente alejadas del mínimo exigido por cualquier índice o parámetro urbanístico internacional, nacional o local.

 

 

3. MÁS LEYES INCUMPLIDAS

 

 

Pero como si esto no fuera poco, el irrespeto por la constitución y las leyes continúa. (Ver Anexo III)

 

En el año 2008 se aprobó la ley N° 2.724 que declaró la emergencia ambiental y sanitaria y de infraestructura de la Villa 20 en el Barrio de Lugano por 365 días [2]. Se cumplió el plazo y no se abordó ninguna de las emergencias allí contempladas. 

 

Por otra parte, dentro del polígono de urbanización de la villa 20 existen 12 hectáreas actualmente vacías que están destinadas a la construcción de viviendas nuevas para las familias de la villa. Parte de estas hectáreas estaban ocupadas por un cementerio de autos y por la Policía Federal. Por el Convenio de Regularización N° 45/07[3] aprobado por la Ley N° 2.692, la Policía Federal debía devolver la posesión de estos predios al GCBA para la urbanización. Esto tampoco se respetó.

 

En el año 2013, el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura el proyecto de ley del “Plan Maestro para la Comuna N° 8”. En su versión original, autorizaba la venta a privados de éstas 12 hectáreas. Durante décadas las familias cuidaron estos predios de ser ocupados y nuevamente se rompía la promesa de urbanización ahora destinando estos terrenos a la venta. La reacción de la población de la villa no se hizo esperar.

 

 

4. LA JUSTICIA CÓMPLICE EN LA VIOLACIÓN DE DERECHOS

 

 

El 24 de febrero de 2014 alrededor de las 20:00 horas, comenzó una ocupación de tierras en parte de las 12 hectáreas libres[4]. Con el correr de las horas el número de personas que ingresaban al terreno fue creciendo exponencialmente y con el paso de los meses al consolidarse el asentamiento las familias lo autodenominaron "Barrio Papa Francisco". (Ver Anexo IV: Crónica de la ocupación)

 

Las familias y sus organizaciones, en conjunto con la asistencia técnica del Taller libre de Proyecto Social de la FADU-UBA y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y naturales, elaboraron un proyecto de vivienda para construir en el predio vacío y realizaron un estudio de suelo para conocer su grado de contaminación.

 

La justicia penal ordenó el desalojo de 700 familias. Luego de varios meses finalmente éste fue ejecutado el día 23 de Agosto de 2014 con suma violencia, topadoras destruyendo cada una de las viviendas construidas por las familias. Uno de los argumentos principales del GCBA y de los jueces para justificar el desalojo era que las tierras estaban contaminadas. Al día de hoy, luego de un año, no comenzaron las acciones de remediación de los suelos.

 

Luego de este serio conflicto, de la envergadura de la ocupación del Parque Indoamericano en el año 2010, se volvió a firmar otro convenio de traspaso de la posesión de parte de estos predios de la Policía Federal al GCBA para la Urbanización[5].    

 

La Justicia de la Ciudad en la causa caratulada “ARNEZ MEDRANO, REINALDO y otros c/GCBA y otros s/ AMPARO”, Expte. N° Al0675-2014/0, en fecha 29 de Agosto de 2014 ordenó cautelarmente que la urbanización debería finalizarse antes del 10 de diciembre de 2015. La misma jueza, el 11 de diciembre de 2014, cambió su posición anterior y rechazó la petición de cumplimiento de la ley N° 1.770 y de que la villa 20 se urbanice. La justicia actuó entonces como cómplice de las promesas incumplidas y del padecimiento de las familias[6].

 

 

5. SITUACIÓN ACTUAL

 

 

Irónicamente en la Legislatura de la Ciudad se encuentran con estado parlamentario tres  cuatro (4) nuevos proyectos de ley sobre urbanización de la Villa 20[7]. Entre ellos el Proyecto elaborado por las familias y organizaciones del Barrio Papa Francisco.

 

Otras dos leyes importantísimas, además de la Ley N° 1.770, se aprobaron el 11 de agosto de 2005. La ley N° 1.769 ordenó la construcción de un Hospital en Lugano y la Ley N° 1.768 que autoriza la creación de un Polo Farmacéutico en terrenos del Parque Indoamericano, en frente a la Villa 20. La primera de ellas aún no fue terminada y fueron necesarios años de litigio judicial para que el GCBA empiece su construcción. Con relación a la última ley, es la única que se está cumpliendo en su totalidad. Los intereses privados prevalecieron todos estos años por sobre las necesidades de las familias de Lugano y de la Villa 20.

 

El paradigma del Derecho a la Ciudad impele que la prioridad es evitar segregaciones socio-espaciales y enclaves de pobreza. Las leyes que ordenan la urbanización de la Villa 20 implican no sólo el reconocimiento del derecho colectivo de las familias de la villa sino también el derecho de cada habitante a la Ciudad de vivir en una ciudad integrada y plenamente democrática.

 

No debiera transcurrir más tiempo para que el GCBA inicie un verdadero proceso de urbanización democrático que reconozca y fortalezca la identidad de la Villa 20 y mejore la calidad de vida de miles de familias.

  

[1]La Villa 20 se encuentra en la Comuna 8 en la zona sur de la ciudad, ocupando aproximadamente 29 hectáreas en 30 manzanas censales. Delimitadas por la Avenida Francisco Fernández de la Cruz, Larraya, Batlle y Ordoñez, Miralla, las vías del FFCC General Belgrano y Avenida Escalada en el barrio de Villa Lugano. Es la cuarta villa más grande de la Ciudad, luego de las Villa 21-24 en Barracas, la 31-31 Bis de Retiro y la 1-11-14 del Bajo Flores. El 12% de las personas que habitan en villas dentro de la CABA lo hace en Villa 20.

[2] El Poder Ejecutivo debía realizar estudios de evaluación y la remediación del suelo de la Plaza General Fernández de la Cruz y de las Manzanas 28, 29 y 30 de la Villa; y la adecuación de la infraestructura y de los servicios que resulten necesarios y procedentes para la urbanización. También, el Poder Ejecutivo debía realizar en el término de 180 días, los estudios epidemiológicos que informen adecuadamente la situación sanitaria de la población que permitan individualizar las enfermedades que guarden relación directa con la contaminación ambiental, establecer el número real de afectados y diseñar estrategias adecuadas de abordaje. La remediación del suelo y los estudios epidemiológicos no se hicieron y tampoco se otorgó tratamiento integral a las personas.

[3] Firmado entre el Ministerio del Interior de la Nación, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[4] El predio situado sobre la Av. Fernández de la Cruz entre las calles las calles Pola y la Av. Escalada, el cual pertenece al polígono de urbanización correspondiente a la Villa 20

[5]El Convenio de regularización dominial ―Villa 20- fue aprobado por la Legislatura de la Ciudad a través de la Resolución 482/2014. (Exp. 3303-D-2014).

[6] La sentencia de rechazo de la acción de amparo que peticiona se ordene la urbanización de la Villa 20 se encuentra apelada ante la Cámara en lo Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad.

[7]Expte. N° 2786-D-2014, 312-D-2014, 604-D-2014 y 2304-D-2014.

22.8.2015

Familiares y amigos de Leo Jerez pidieron justicia. Hasta ahora el único imputado por el hecho es un suboficial de la policía Federal que estaba de civil en el momento del asesinato.

Por Santiago Asorey

 

Leo Jerez tenía 15 años y era alumno de la escuela 35 de Dock Sud. Fue asesinado el 10 de agosto en la intersección de la calle Alighieri, entre Soreda y Baradero, en la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda. El pedido de justicia de la familia está siendo acompañado por el colectivo de vecinos, docentes y trabajadores del sur de la Ciudad contra la violencia institucional.

El joven fue asesinado durante un intento de robo. El suboficial que ultimó a Jerez está siendo investigado por la Justicia pero no se encuentra detenido. El fiscal Mario Prieto lleva la causa en la fiscalía del UFI 2 de Avellaneda. Prieto será el encargado de investigar y delimitar en la acusación la responsabilidad penal en función del "uso incorrecto o correcto del arma de fuego" por parte del agente. Según determinaron las pruebas recolectadas, el "arma" del joven asesinado era de juguete.

Según pudo saberse, el suboficial imputado pertenece a la división caballería de la policía federal. El asesinato de Leo se suma a otros hechos de violencia institucional que tuvieron como protagonista a las fuerzas de seguridad: el asesinato de Nehuen Rodríguez (18), el 15 de diciembre del 2014, atropellado por una camioneta Ford Ranger de la Policía Metropolitana; el caso de Bruno Germán Pappa (26), en septiembre de 2011, quien fuera fusilado por un agente de la Metropolitana que se encontraba vestido de civil.

19.8.2015

En una nueva muestra de totalitarismo el Ministerio de Educación a cargo de Esteban Bullrich, como es costumbre, decidió efectuar el descuento del paro realizado por la inmensa mayoría de la docencia de la Ciudad el día 15 de julio con motivo de la separación del cargo y disposición del sumario a las compañeras del JIC N2 de Flores.

Fiel a la política de ataque constante a los trabajadores el ministro decidió dar la orden política de inmiscuirse en el SIAL de las escuelas y arbitrariamente disponer el descuento por paro a los docentes que efectivamente lo realizamos pero también a quienes no les correspondía trabajar ese día, como así también a quienes están en uso de licencia por embarazo o largo tratamiento, etc.

Además de vulnerar las funciones de los directivos y claramente violentar el derecho a huelga -derecho constitucional que hace años el macrismo no respeta- esta actitud perversa acarrea un perjuicio económico a muchos compañeros ya que perderán el día y el presentismo no por un error involuntario sino por una decisión consciente y artera del ministro.

Desde Ademys repudiamos esta medida claramente disciplinadora y fuera de toda lógica democrática. El gobierno actúa nuevamente haciendo cargo a la docencia de las que deben ser sus responsabilidades. La falta de respeto a los trabajadores, a la niñez y la ausencia de políticas para atender las graves situaciones sociales que se ven en nuestros barrios de la Ciudad, son parte de sus responsabilidades y así lo hemos manifestado mayoritariamente el día 15 de julio.

Exigimos que dé marcha atrás inmediatamente con este chantaje, respete el derecho a huelga y que cese de atacar a la Escuela Pública.

13.8.2015

Ayer, miércoles 12 de agosto, vendedores ambulantes senegaleses realizaron una concentración en Rivadavia y Entre Ríos, y marcharon luego a la Legislatura porteña para protestar contra los abusos de la Policía Metropolitana. En diálogo con ANRed, uno de los representantes del grupo, Abdoulaye Gothé, afirmó que se sienten "discriminados por el Gobierno de la Ciudad" al ser hostigados por la Metropolitana por el solo hecho de ser africanos y son acusados de "ocupar el espacio público." Por ANRed

 

Alrededor de unos 200 vendedores ambulantes senegaleses marcharon ayer en contra de los abusos de la Policía Metropolitana, desde Plaza Congreso hasta la ex Jefatura de Gobierno porteña y luego a la Legislatura.

En charla con ANRed, uno de los voceros, Abdoulaye Gothé, comentó que fue "una movilización bastante importante, vinimos a decir que el Gobierno de la Ciudad no nos quiere para nada, nos hace sentir no bienvenidos en este país. Nos molesta la Policía Metropolitana de forma constante."

Al explicar los maltratos Gothé denunció que "la Policía viene a nuestras casas a la madrugada, realizan allanamientos con armas sobre los africanos y ya se están acostumbrando a pensar que ser africano es ser un animal. Nos hacen acusaciones falsas, como que traemos contrabando, cuando en realidad estamos habilitados para revender mercancías, compramos y vendemos cosas sin perjudicar a nadie. Nos incriminan que los senegaleses ocupamos el espacio público como vendedores ambulantes"

En un comunicado de prensa previo a la manifestación habían denunciado que "en el operativo policial del 4 de agosto al hotel familiar de Corrientes al 3.000 actuaron con violencia, amenazas con armas, acusaciones falsas y a varios compañeros les faltó su dinero."

Gothé continuó: "la mayoría de nosotros vivimos en Buenos Aires y sufrimos por culpa del Gobierno, ya que el abuso policial es permanente, en forma cotidiana con violencia y amenazas. A las 5 o 6 de la mañana vienen a sacarnos de nuestras camas, del baño, nos roban la plata y luego nos acusan de hechos que no son ciertos. La prueba está en que muchos a esa hora rezan, muchos somos musulmanes. Somos gente trabajadora, no robamos, no tomamos alcohol ni nos drogamos. Los inmigrantes africanos somos tímidos o no entendemos el idioma muchas veces, pero venimos a la Argentina buscando una vida mejor y nos ganamos la vida trabajando"

"Queremos adaptarnos al país, compartir costumbres, pero no aceptamos el racismo de la Policía Metropolitana que con armas nos viene a humillar y robar, no aceptamos más y vamos a luchar",concluyó Gothé.

La marcha finalizó en la Legislatura con la recepción del grupo senegalés por parte de los diputados Gabriela Alegre (FPV) y Alejandro Bodart (MST), quienes convocan a una reunión el jueves próximo con otros bloques opositores, Amnistía Internacional y organismos de derechos humanos para exigir al gobierno porteño el cese de las persecuciones.