Red de radios

7.10.2015

Por Santiago Asorey

El relato de Claudio Posee narra entre otras tramas de explotación la causa de los 2 niños calcinados en el incendió del taller clandestino de Flores, CABA, en abril de este año. El Secretario de Juventud de CTA Nacional, Matías Zalduendo, manifestó sobre el estreno del documental: “La película busca poder visibilizar una de las problemáticas vigentes en la Argentina en el mundo del trabajo: la precarización laboral”.

El relato indaga a partir de la hipótesis de la complicidad de una elite político empresarial responsable del delito de trata con fines de explotación laboral. Ante esta realidad distintos dirigentes y referentes gremiales postularon la necesidad de resistir desde la organización de los trabajadores. "La mejor garantía contra la explotación de personas es la organización" explicó Joaquín Fernández, Secretario de la Red Textil Cooperativa. Por su parte Gabriela Olguín, referente de CTEP, también recalcó la necesidad de articular la organización de los trabajadores para enfrentar la precarización. "Nosotros creemos que la clave es la organización popular. Los compañeros que se organizan son los que logran salir de situaciones de precarización. Hay que tener presente que las herramientas del Estado no pueden ser efectivas sin organización popular."

APU: ¿Cuál es el tema su nueva película “No hay trato 2”?

CP:“No hay trato 2” es una película documental que refleja específicamente la trata de personas con fines de explotación laboral. En esta segunda parte intentamos mostrar las dos situaciones de explotación laboral: tanto la que incluye la zona rural como la zona urbana. Dice la diputada nacional Cecilia Marchant en una secuencia inicial de la película: “¿dónde empieza la explotación textil? Empieza en el taller o empieza en la cosecha de algodón”. No es una cadena de valor en términos económicos sino una cadena de producción y cultural, con la particularidad de que la explotación urbana se refleja mucho en los talleres textiles clandestinos. Con respecto a la explotación rural, lo que muestra la película es la connivencia de una elite empresarial que ha decidido intentar tomar el Estado Nacional. Esta elite político-empresarial se manifiesta en la relación histórica de Mauricio Macri con Ramón Puerta en la Provincia de Misiones (es necesario recordar que Ramón Puerta está procesado por trata de personas y reducción a la servidumbre en sus campos). Esta elite a nivel nacional tiene un reflejo en la Ciudad de Buenos Aires con lo que pasa en los 3000 talleres clandestinos existentes; también es clara la vinculación de Macri con las grandes marcas de ropas, que tienen procesos judiciales abiertos por este mismo tema. Entre las marcas más conocidas tenés a Cheeky, que pertenece al cuñado de Mauricio Macri.

APU: Uno de los casos que el documental aborda es sobre los dos niños muertos, víctimas de un incendio ocurrido en un taller clandestino en abril de este año en Flores en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué mirada despierta este caso en particular?

CP:El origen de la película ocurrió cuando los abogados de Esteban Mur y la familia Menchaca, Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier, nos relataron lo que había ocurrido en el taller incendiado en Flores. A partir de ahí surge el tema de contar la situación de explotación laboral en CABA. Lo que me impactó del taller de Flores (más allá de lo tremendo que es que dos niños mueran calcinados en un incendio) fue la despreocupación que el gobierno porteño mostró por esta situación. Nosotros trabajamos e indagamos sobre esta realidad. Lo que descubre la película es que lo que nosotros entendíamos como una despreocupación era, en realidad, una toma de partido por parte de los victimarios. El GCBA no está ausente, sino que es parte de las relaciones empresariales de complicidad en las situaciones de trata y reducción a la servidumbre.

Esto nos lleva a la hipótesis de que existe una elite económico-empresarial que ha decidido tomar el Estado para seguir manteniendo los privilegios de la economía concentrada. Cuando indagamos sobre la explotación rural, una de las preguntas que le hice a uno de los responsables de RENATEA Misiones fue cómo podemos interpretar esta cuestión de persistencia histórica que tienen los tariferos, que son los que trabajan la Yerba; el tarifero viene de una familia de tariferos, donde su abuelo y su bisabuelo se dedicaban a lo mismo que se dedica él. Al igual que los terratenientes heredaron el campo a sus hijos y nietos. Lo que se marca ahí es un estancamiento en la movilidad social que es interesante profundizar para discutir los proyectos de Estados que uno quiere para el país.

APU: ¿Qué rol cumple el Poder Judicial hoy en causas donde se denuncian estas situaciones?

CP:En la primera parte de la película, Marcelo Colombo, del Ministerio Público Fiscal, nos cuenta que cuando él estaba a cargo de la Fiscalía de Secuestros Extorsivos percibía la empatía que tenían los jueces con las víctimas de secuestros que solían ser empresarios, tipos de guita. Cuando él se hace cargo de la Unidad Fiscal de Trata observa que los jueces y los fiscales tenían empatía por los victimarios, porque éstos últimos eran de alto poder adquisitivo; pertenecían a la economía concentrada. Lo que me lleva a pensar que es una deuda pendiente la de democratizar el Poder Judicial, sino va a ser difícil avanzar en procesos de justicia social más profundos, porque el Poder Judicial siempre responde a los intereses de la economía concentrada.

APU: ¿Qué expectativas tienen de la intervención de la película en la visibilización de estos temas?

CP:Históricamente, la lucha del arte se vinculó con la lucha del arte contra el Estado. Hay una identificación del arte con que, mientras peor están las cosas, mejores productos artísticos en el cine se producen: el cine refleja la reacción ante el poder constituido. Creo que partir del año 2003 se inicia un proceso de transformación, y nos lleva hacer un esfuerzo como artistas para identificar cuál es el poder real. Ya no es el Estado opresor, sino un Poder que lo excede y lo intenta subordinar y condiciona, permitiendo y generando delitos complejos como la trata de personas (delitos que nosotros debemos describir y reflejar).

APU: ¿Cómo juega el factor de las organizaciones sindicales en esta temática?

CP:Los sindicatos que tienen una postura de connivencia con el poder económico concentrado, como es el caso de UATRE y el Momo Venegas, no cumplen su rol de defensa de los trabajadores. Ahí, el Estado buscó una solución a partir de intervenciones, de políticas públicas efectivas. Se acabó el RENATRE y comenzó RENATEA; ahí ves un cambio sustancial de las políticas públicas para con los trabajadores del sector rural. El Momo Venegas manejó el RENATRE durante muchos años y su Consejo Directivo del RENATRE era la mesa de enlace. ¿Qué políticas sindicales a favor de los trabajadores podés generar si la Sociedad Rural Argentina formaba parte de ese esquema, sabiendo que Luis Etchevehere, titular de SRA, hoy está enjuiciado por trata de personas y reducción a la servidumbre? Pero si el Estado está presente y si es un Estado que permite situaciones de justicia social, vos tenés siempre la posibilidad de avanzar sobre estos temas. La situación que pasa con los tariferos en el interior es terrible. A la sociedad urbana no le llega porque no tiene plantaciones cerca, pero es gente que trabaja, en el mejor de los casos (y controlada por el Estado), doce horas por días, con sus hijos de 6, 7, 8 años. Hubo un cambio positivo a partir de la Ley de Peón Rural, que establece que no puede ganar menos que el salario mínimo, vital y móvil. Pero hay que profundizar más para transformar esta realidad histórica.

APU: ¿Cuándo es el Avant Premier de la película?

CP:El miércoles 7 de octubre a las 17 hs en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en la sala 513. La película fue nombrada de interés especial para la promoción de la cultura y los derechos humanos por la Legislatura porteña. Después vamos a hacer una exhibición en Patria Grande. La idea es, después, recorrer el país, como hicimos con la primera parte. Vamos a llevar la película con una mesa debate.

6.10.2015

El Centro Educativo Isauro Arancibia realizará este miércoles 7 de octubre, a las 11, una convocatoria en la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales en la ciudad de Buenos Aires, para exigir justicia por Roberto Autero, quien murió como consecuencia de un disparo efectuado por el oficial Sebastián Torres de la Policía Metropolitana.

Las circunstancias en estos hechos sucedieron están siendo investigadas, pero no existe discusión acerca de la autoría y causa de la muerte. Roberto murió como consecuencia de las lesiones producidas por una bala que ingresó en su nuca y salió por su frente.

A más de 7 meses, su familia y organizaciones sociales y de derechos humanos manifestaron su preocupación por el lento trámite de la causa penal, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 37, que aún no ha llamado siquiera al policía a prestar declaración indagatoria.
“Cabe recordar que el Estado tiene frente a estos casos la obligación de iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Investigaciones que exceden un tiempo prudencial de tramitación evidencian claramente una falencia del sistema judicial que redunda en la negación a las víctimas del acceso a una justicia efectiva, así como también tiende a perpetuar la impunidad de hechos de esta naturaleza”, afirman los convocantes a esta concentración.
Roberto tenía 16 años y era el menor de 4 hermanos, vivía en la calle. Hasta el 2014 estudió en el Centro Educativo Isauro Arancibia.

5.10.2015

Se trata de Roberto Autero, de 16 años, quien recibió un disparo en la nuca por parte del agente Sebastián Ezequiel Torres el 7 de febrero de este año en las inmediaciones del Parque Rivadavia.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de información al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño sobre el asesinato Roberto Autero por el agente de la Policía Metropolitana Sebastián Ezequiel Torres el 7 de febrero de este año. Roberto Autero, de 16 años recibió un disparo en la nuca por parte del agente en las inmediaciones del Parque Rivadavia. La causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 37, a cargo de Silvia Ramond. Allí se investigan las circunstancias en las que ocurrió el asesinato. Autero vivía en la calle con 3 hermanos y hasta 2014 estudiaba en el Centro Educativo Isauro Arancibia.

En el pedido, la ODH solicita información para determinar:

* Qué servicio prestaba ese día el agente Sebastián Torres en la zona aledaña al Parque Rivadavia y cuál es su rango.
* Si el agente provino de otras fuerzas de seguridad, si posee antecedentes sumariales. En caso afirmativo, detalle causales de esos antecedentes y sus resultados.
* Cuál es el protocolo de actuación de la Policía Metropolitana para casos como este.
* Cuál es la ubicación de las cámaras de seguridad emplazadas en el lugar de los hechos que captaron esta secuencia.
* Teniendo en cuenta que Autero recibió un tiro por la nuca, informar si el efectivo se identificó como funcionario del servicio, advirtiendo su intención de emplear la fuerza o arma de fuego, tal como lo exige la ley 2.894 de Seguridad Pública.
* Si el efectivo incurrió en exceso en el uso de armas de fuego, en violación del art. 28 de la misma ley.
* Si se abrió un sumario administrativo ante este hecho. En caso afirmativo, identifique el mismo, con numeración y estado del trámite.
* Ante las declaraciones del efectivo sobre la supuesta “actitud sospechosa” de la víctima, se solicita información sobre qué entiende la fuerza por ese concepto y en qué norma se encuentra tipificado.
* Si el efectivo fue separado de la fuerza o si recibió algún tipo de sanción por este hecho.

Asimismo, remarcan que “resulta urgente que el Gobierno de la Ciudad preste la mayor colaboración posible y condene el actuar ilícito de sus funcionarios en vísperas a la movilización que familiares, amigos y distintas organizaciones sociales, educativas, culturales y de derechos humanos harán exigiendo Justicia”.

En el mismo sentido, afirma que en “las manifestaciones del efectivo relativas a la supuesta “actitud sospechosa” de Roberto Autero (…) claramente se castiga una peligrosidad sin delito. La vuelta regresiva y anticonstitucional al concepto “actitud sospechosa”, implica darle vida a un concepto que devolvería facultades de antaño a los agentes policiales, a fin de aprehender ciudadanos por simple “portación de cara”. Es una abierta repulsión de la Constitución de la Ciudad que en su artículo 11 prohíbe “…discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo”.

Por otro lado, “el retaceo de información y de las imágenes que pudieron haber captado las cámaras de seguridad de la zona buscan limpiar la imagen de la Policía Metropolitana, contrarrestando de ese modo la violencia impartida por los agentes de la misma”, afirman. “Recordemos que entre 2011 y 2014 se registraron 20 muertes por uso letal de la fuerza por parte de agentes de la Metropolitana, un reciente fallo condenó al policía Enzo Álvarez a prisión perpetua por el fusilamiento en 2011 del joven Bruno Pappa en Chacarita”, concluye el pedido.

La movilización será el próximo miércoles 7 de octubre a las 11 hs. a Plaza Lavalle, exigiendo Justicia por Roberto y Ni un pibe Menos por parte de la Policía Metropolitana.

Si bien el macrismo presenta como un avance de la “gestión” la informatización de la inscripción, miles de niños siguen quedando en lista de espera en el nivel Inicial y Primario.
Las últimas estimaciones realizadas por la Asociación Civil para la Igualdad Jurídica (ACIJ) para el ciclo lectivo 2013 (previo a la implementación de la inscripción online) quedaron en lista de espera alrededor de 7000 niños en el nivel Inicial.
El gobierno de la ciudad no construyó los jardines y escuelas necesarias que garanticen el acceso pleno a una vacante en el sistema educativo público.
Por un lado, con la implementación de la inscripción online el Ministerio de Educación centraliza la información e impide una medición precisa de la falta de vacantes, así como la expulsión de las familias que provienen de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, se sigue ajustando el presupuesto destinado a refacción y construcción de escuelas: en 2012 se presupuestó cerca de $500 millones para Infraestructura Escolar y este año sólo $200 millones. Lo poco que se invierte en mejoras edilicias, es dilapidado por las múltiples tercerizaciones de las obras, que sobrefacturan y dejan los edificios escolares en situación precaria y sin ningún tipo de control.
La falta de jardines y escuelas públicas provoca que conseguir una vacante en el nivel Inicial sea una verdadera “odisea”, y que en las escuelas primarias –especialmente de zona sur- haya aulas superpobladas y chicos parcialmente desescolarizados durante meses porque no hay vacantes. Y que las condiciones edilicias de las escuelas sean cada vez más precarias: según un relevamiento de la Asociación de Cooperadoras, el 72% de los edificios escolares necesitan urgentes obras de refacción.
Además, con la inscripción online las familias no tienen la posibilidad de elegir la escuela o jardín que desean para sus hijos. Es el “sistema” quien asigna la vacante de forma arbitraria, ya que no siempre se cumple con las prioridades que cada familia selecciona como opción.
Tras la crisis que se generó en el primer año de aplicación de esta inscripción online, el Ministerio ha dispuesto la contratación de “facilitadores” que realizan el trabajo de inscripción en las escuelas y distritos. Les quitó a las escuelas y supervisiones esta tarea central que forma parte del propio proceso de enseñanza y aprendizaje, y que constituye el primer contacto de las familias con las escuelas. Y “despersonalizó” la inscripción o incorporó a las escuelas estos “facilitadores” que los equipos de conducción y supervisiones no conocen. Incluso, hay casos de denuncias como en la escuela Primaria Nº 8 DE 11, donde hubo supuestas situaciones de acoso que dieron lugar a una intervención de la Defensoría.
El desgaste y la incertidumbre de conseguir una vacante en una escuela o jardín públicos, estimula el pasaje a la educación privada a la que ya acude cerca del 50% de la matrícula total en la ciudad. Esto es reforzado por los subsidios que reciben las instituciones privadas del propio Estado: cerca de $2500 millones este año. Por cada peso que el gobierno presupuestó para Infraestructura Escolar (y que seguramente subejecutará), gira $12,50 para los emprendimientos empresariales o religiosos del sector privado en educación.
El gobierno suele plantear que ha crecido la oferta educativa para la infancia y la niñez en la ciudad. Pero lo único que ha creado el macrismo son Centros de Primera Infancia (CPI) que, tal como lo explicita el propio gobierno, son centros que no funcionan en establecimientos educativos, que dependen de organizaciones, ONG’s, etc., que reciben un subsidio a la demanda, y que son centros de “cuidado” y “contención”, lejos de lo que debieran ser las escuelas infantiles.
La contracara de esta situación es el cierre de grados y cursos que viene llevando adelante el gobierno PRO en la ciudad, enmarcado en el decreto 1990 de De la Rúa, y que tanto Ibarra como Telerman dejaron en pie. Recientemente, la dirección del Área de Nivel Primario informó que cerraría un primer grado en la escuela 24 DE 12.
 
Exigimos que se garantice el acceso incondicional a una vacante en el sistema público de enseñanza.
Por la construcción de 33 escuelas y jardines en la ciudad.
Por un plan de obras de refacción y mejora edilicia.
No a los cierres de grados y cursos. Derogación del decreto 1990.
 
A partir del 5 y hasta el 16 de octubre se abre la primera etapa de inscripción para aspirantes a nivel Inicial, primer grado de nivel Primario y primer año de nivel Secundario. Para las modalidades de Educación Especial y Adultos y Adolescentes, la preinscripción se extiende del 5 de octubre de 2015 hasta el 4 de octubre de 2016. Y para nivel Terciario, del 5 de octubre de 2015 al 19 de febrero de 2016. Según información del Ministerio de Educación, la preinscripción podrá realizarse a través de la web: www.buenosaires.gob.ar/inscripcionescolar, seleccionando el nivel deseado, personalmente en las escuelas o en los portales de inclusivos del Gobierno de la Ciudad o llamando al 0800-444-2400 (esta línea está habilitada de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 14).
Pero en el día de hoy, de inauguración de la inscripción, EL SISTEMA YA ESTÁ COLAPSADO Y NADIE PUEDE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN.

2.10.2015

El macrismo, nuevamente, arremete contra la escuela pública. Ante la conocida falta de vacantes para el nivel inicial y en primaria, particularmente en primer ciclo, el gobierno porteño no sólo no construye escuelas, sino que además cierra grados que ya existen. En la escuela nº 24 del DE 12º, en Floresta, el PRO intenta cerrar un 1º grado que con esfuerzo fue abierto este mismo año. Mediante una comunicación sumamente informal emitida por correo electrónico remitido a la Supervisión Escolar desde la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, se habla de una "leve disminución de matrícula" en la escuela, y sin especificar cuál sería esa disminución ni aportar ningún otro dato, se sostiene que "debe ofrecerse un solo primer grado para 2016, con lo cual se cerraría el primer grado abierto este año". Cabe aclarar que el 1º grado que el Ministerio pretende cerrar posee 18 alumnos, y que la escuela no posee problemas por falta de matrícula sino por el contrario, los problemas son de espacio: se trabaja al límite de lo establecido en cuanto a la numerosa cantidad de alumnos por metro cuadrado.

Una vez más, la actual gestión intenta cerrar un grado abierto con el esfuerzo de la escuela y la comunidad educativa. Docentes y familias se movilizarán para reclamar en contra de esta medida.
 

Desde Ademys acompañamos las acciones y reproducimos comunicado de los trabajadores de esa escuela:

¿Otra vez sopa?

Otra vez cierre de grados en la educación pública

La escuela Nº 24  DE 12 peleó durante años la recuperación de una sección de grado, el grado número 14. En el 2015 con mucho esfuerzo lo consiguió, pero sólo durante un año: ha llegado la orden de cerrarlo en 2016. ¿Parece una locura? Lo es.

Perder nuevamente esta sección significa no poder recibir a todos los niños del jardín que ya están en nuestra escuela, porque la decisión del gobierno de no construir jardines públicos se ha suplido con el uso de aulas en escuelas primarias que no están preparadas ediliciamente para niños de jardín, que necesitan construcciones especiales. En la escuela 24 hay dos de estas aulas ocupadas por jardín, lo que ha llevado a la escuela a perder, hace unos años la sección número 14 que habíamos logrado recuperar después de tanto  esfuerzo.

Esta serie de decisiones que parecen estar desconectadas entre sí, y generan diferencias entre los mismos actores de la educación pública, no son más que las consecuencias de una política de abandono y ataque permanente a la educación pública que la gestión de la ciudad siempre  ha tenido con la educación pública y sigue teniendo, al tiempo que aumenta exponencialmente el presupuesto de las escuela privadas, lo que no hace más que alentar la expulsión de alumnos de las escuelas públicas.

·         Por mas jardines públicos que contengan a más niños

·         Por que deje de perderse oferta educativa pública primaria

·         Porque se defienda de una vez para siempre a la educación pública que es de todos y construye una sociedad mejor

Nos juntamos en la plaza Vélez Sarsfield (esquina Avellaneda y Bahía Blanca) el martes 6/10 a las 16,30 hs.

Los esperamos.