19.11.2015
El 18 de noviembre tuvo lugar en la Legislatura de la Ciudad de Bs As la audiencia pública para tratar la Ley aprobada en primera instancia el 9 de setiembre por la que se regalan 15 terrenos y se ceden otros 3 por 20 años, en total 30.000 m2, al Arzobispado de la Ciudad de Bs As. La Ley, iniciativa del PRO, contó con 45 voto sobre 52 emitidos: la casi totalidad del FVP, UNEN y Bien Común. En la audiencia sostuvieron su oposición los diputados Rachid, Bodart y Ramal del FIT. Ningún legislador votante de la ley usó la palabra para defender el proyecto.
En el Salón Dorado de la Legislatura, con más de 250 asistentes, hicieron uso de la palabra 70 personas, de las cuales 39 pertenecían a la escuela 3 y al Jardín Ravioli de la calle Rivadavia y Campichuelo. Los voceros de estas escuelas denunciaron la usurpación de una fracción de su terreno por parte de la Iglesia de Caacupé en el 2004 sin que las autoridades judiciales respondieran a sus denuncias y que esta nueva ley extendería aún más este atropello, quitando a la escuela otra fracción de casi 800 m2 donde los niños realizan actividades de huerta.
Representantes de asociaciones laicas convocaron a anular la totalidad de la ley porque atenta contra el carácter laico que debe tener el estado argentino, señalando que cuando más va decayendo el número de fieles de la Iglesia católica, más aumenta el sostén desde el estado en recursos económicos. Integrantes de la Asociación LGTB, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis, porque la Iglesia es una institución de carácter retrógrado, discriminador, contraria a derechos de las mujeres y de las personas con diversidad sexual, así como el derecho al aborto. Voceros de iglesias evangélicas, porque no otorga trato igualitario para todas las religiones. Una representante de ACIJ, Asociación Civil por la Igualdad y la Justica, y un integrante de la Red de Medios alternativos, porque la ley ataca el derecho a la educación pública y a la vivienda, recordando que varios de esos terrenos pertenecen al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, siendo que casi 500.000 personas tienen problemas de vivienda. Un representante de UTE centró su reclamo en la revisión de la entrega de terrenos de la escuela 3. Un docente del DE 5 reclamó por el terreno deportivo que se entrega a la escuela Santa Lucía reclamando que quede a cargo de la escuela pública.
En mi caso, hablé como integrante de Ademys rechazando la totalidad de la ley porque significa un ataque a la escuela pública, y a lo público en general, representando un salto más en la privatización de la ciudad. Señalé que esa misma mañana venía de un acto frente a la Escuela Fuentealba que continúa cerrada, a pesar de su expropiación hace año y medio, porque el gobierno no garantizó su reacondicionamiento. Recordé que en la ciudad se agravan los problemas de vacantes, y que a los 30.000 m2 de la ley en cuestión había que sumarles los 59.000 m2 que se entregaron, sin pasar por la Legislatura y en forma fraudulenta vía la Corporación del Sur, a la Universidad del Salvador y a otras instituciones privadas en el 2012, a pocos metros de la nueva Casa de Gobierno, en un barrio donde se construyen 2.800 viviendas sin escuelas. Felicité a los representantes de la Escuela 3 y Jardín Ravioli del DE 7, por su capacidad de organización para defender sus derechos y construir ciudadanía, pero alerté que, si por una cuestión electoralista los bloques mayoritarios pudieran desagregar del proyecto este terreno, nuestro reclamo tenía que ser por la anulación de la totalidad de la ley, en representación de otros vecinos que tal vez ni siquiera conocían la existencia de terrenos públicos en sus barrios y sus derechos a ellos. Finalmente, me sumé a la denuncia de otros expositores, en relación a la Iglesia como institución retrógrada y discriminadora que, de la mano del PRO pretende avanzar, incluso en el control del conocimiento en las escuelas públicas.
Laura Marrone
Bs As, 19 de noviembre de 2015
