Red de radios

23.6.2016

El jueves 9 de Junio se aprobó, por mayoría en la Legislatura, la Ley que

crea una Agencia de Bienes Sociedad del Estado en la Ciudad de Buenos
Aires. La Agencia podrá negociar, en complicidad con la Legislatura, la
compra, venta, alquiler, concesión, canje de inmuebles y parques de
nuestros barrios. Con esta Agencia y las Corporaciones del Sur y Puerto
Madero nos terminan de quitar a los ciudadanos, habitantes y usuarios de la
ciudad, toda posibilidad de participar democráticamente en las decisiones
sobre el destino y uso de los bienes comunes, tal como lo establece la
Constitución de la Ciudad y la Ley Orgánica de Comunas 1777. El Gobierno de
la Ciudad con el apoyo de 42 Legisladores, pretende impedirnos el ejercicio
de ese derecho, poniendo a disposición de unos pocos, la facultad de
definir qué se hará con los bienes que son nuestros, que necesitamos y que
mantenemos con nuestros impuestos.

Los bienes de nuestra ciudad pasarán a satisfacer los intereses de los
grandes negocios inmobiliarios de la región, en lugar de atender las
múltiples necesidades ciudadanas; tales como espacios verdes, campos
deportivos, escuelas, jardines infantiles, hospitales, centros de salud
públicos y centros culturales, entre otros. Estos bienes van a terminar en
manos de empresarios inmobiliarios que ni siquiera conocen nuestros
barrios.

En una entrevista del diario La Nación del 8 de Febrero de 2016, Federico
Weil (dueño de una de las desarrolladoras de edificios de Puerto Madero,
que creció a la sombra de la crisis de 2001 con capitales del exterior y
cuyo actual socio es una de las inmobiliarias más grandes en Brasil) dijo:
“va a haber una movilización de tierra urbana valiosa como hace mucho no
vemos. Ya hay anuncios del gobierno de la ciudad de que van a vender
fracciones de tierra muy bien ubicadas, que se van a subastar para que las
compren desarrolladores”.

Esto confirma las intenciones reales que se mueven detrás de la Agencia de
Bienes. Se profundizará la creación de los llamados “Polos”. Como el
Audiovisual o el Tecnológico, que nos quitan nuestra identidad, nada
aportan al barrio y atraen empresas que obtienen excepciones en el pago de
impuestos y grandes ganancias con los bienes que son de todos.

Contrariamente a lo que hacen las más importantes ciudades del mundo que
cuidan, compran e incrementan los bienes públicos, para poder planificar y
ampliar el bienestar de sus ciudadanos; este gobierno descuida, vende y
achica permanentemente dichos bienes. Durante los dos gobiernos macristas
de la ciudad, ésta perdió cerca de 200 manzanas de inmuebles públicos;
entendemos que con la creación de esta Agencia la disminución de bienes
públicos será irrecuperable.

Ante tal situación las organizaciones y vecinos abajo firmantes
participantes de la campaña *BUENOS AIRES NO SE VENDE* se ven en la
obligación, en defensa de sus derechos, de los bienes comunes y de las
generaciones futuras, de:

• – Oponerse a todas y cada una de las decisiones que estas
corporaciones tomen sobre los bienes públicos.

• – Exigir la participación vecinal directa comunal para definir el
uso y/o destino de cada bien público que posea la ciudad.

• – Reconocer la oposición a esta ley hecha por los legisladores: *Adrián
Rodolfo Camps (PSA)*, *Marcelo Ramal, Patricio del C**o**rro(FIT)*, *Gustavo
Javier Vera (BC)*, *Fernando Pablo Vilardo (AyL)*, *Hernán Ariel Arce, Roy
Cortina (PS)*, *Pablo Ricardo Ferreira, María Andrea Conde, Paula Penacca,
Lorena Iris Pokoik García, María Magdalena Tiesso, Javier Andrade, José
Cruz Campagnoli (FPV), **Paula Oliveto Lago*, *Maximiliano Ferraro (CC).*

• – Declarar contrarios a la voluntad popular y ciudadana expresada
masivamente en la Audiencia Pública y las reuniones realizadas respecto a
esta ley a los legisladores: *Natalia Fidel, María Inés Gorbea, María
Patricia Vischi, Marcelo Alejandro Guouman, Juan Francisco Nosiglia, Hernán
Abel Rossi (Suma +) María Graciela Ocaña, Marcelo Hugo Depierro, Diego
Mariano García de García Vilas (Confianza Pública), **Silvia María Eva
Gottero, María Rosa Muiños, Claudio Alejandro Heredia (FPV), **Javier
Alberto Gentilini (FR), **Claudio Marcelo Palmeyro (PS), Legisladora
Claudia Calciano, Carolina Estebarena, Cristina García de Aurteneche,
Cecilia María de La Torre, Mercedes de las Casas, Natalia Persini, Carmen
Polledo, Victoria Inés Roldán Méndez, Lía Rueda, Paula Beatriz Villalba,
Omar Ahmed Abboud, José Luis Acevedo, Juan Pablo Arenaza, Cristian Bauab,
Octavio Calderón, Daniel Eduardo del Sol, Agustín Forchieri, Alejandro
García, Claudio Nino, Esteban Angel Penayo, Eduardo Petrini, Daniel Presti,
Roberto Quattromano, Francisco Quintana, Benigno Emilio Raposo Varela,
Gabriel Maximiliano Sahonero, Eduardo Antonio Santamarina, Jian Ping Yuan
(PRO). *

• – Considerar inaceptables las abstenciones de los
legisladores: *Gabriel Marcelo Fuks y Carlos Alfonso Tomada *

*MOVIMIENTO COMUNERO*

23.6.2016

La censura no es ya una mordaza, ni tampoco un garrote. La censura es una sábana corta. En la noche del pasado 21 de junio inspectores de la Agencia Gubernamental de Control clausuraron el Bar La Tribu.

El 25/05/16 habían recibido una visita de los inspectores en la que les exigieron una documentación vinculada al "Plan de Evacuación" que nunca antes habían solicitado. En esa misma inspección los intimaron, bajo apercibimiento de clausura, a cumplir con la documentación.

Desde ese día iniciaron todos los procedimientos necesarios para avanzar con la documentación faltante y durante la inspección de ayer explicaron la situación y mostraron los papeles de los avances que habían hecho -que por el papeleo que conlleva no se puede tener de un día para el otro- (ante oídos sordos y ojos ciegos). Tienen el “Plan de Evacuación” en trámite, y esta semana se presentaba a Defensa Civil, por eso la bronca.

Les pidieron que les dieran un plazo, pero no. La tolerancia no los caracteriza. Diálogo CERO.
El apercibimiento de clausura se hizo efectivo y la voluntad demostrada en palabras, y con firmas de ingenieros, no alcanzó. Es por esto que las actividades del bar serán SUSPENDIDAS esta semana y hasta próximo aviso, cuando puedan tener todo lo necesario para rectificar la situación y poder continuar con la agenda de eventos programados.

La programación de la radio continuará con normalidad. Esperan encontrarnos pronto en el querido bar de su casa con parlantes.

21.6.2016

Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda, presentó en la tarde de hoy el “mapa de la emergencia edilicia” de las escuelas de la Ciudad.  En una aplicación digital interactiva, el mapa registra más de 90 edificios escolares con problemas de mantenimiento e infraestructura. “El mapa es el resultado de un intenso trabajo de nuestra banca en conexión con la docencia combativa, los centros de estudiantes y el conjunto de la comunidad educativa”, señaló Ramal en la conferencia que se realizó en el salón Jauretche de la Legislatura. Allí, se hicieron presentes grupos de padres de diversas escuelas de la Ciudad, junto con representantes docentes y de centros de estudiantes. Junto a Ramal,  estuvieron en la mesa Jorge Adaro, secretario general del sindicato docente ADEMYS, y Amanda Martín, de la agrupación Tribuna Docente y asesora del FIT en la comisión de Educación de la Legislatura.

“Invitamos a todos los colegios con crisis edilicias a sumar su denuncia al mapa. Queremos que esta difusión sirva de palanca para promover la deliberación y la organización de estudiantes, docentes y padres en todas las escuelas”, señaló Ramal.  A partir de la difusión del “mapa”, el legislador del FIT concluyó proponiendo la preparación de “una jornada de lucha contra la crisis edilicia a la escala de toda la Ciudad, coordinando la acción de las diversas escuelas afectadas”.

Link para acceder al mapa: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1wlnKP6Ne0NvieHp5JOqfmac3HN8

21.6.2016

El Tribunal ordenó, además, el decomiso de las máquinas que quedan en la fábrica y que se investigue la responsabilidad de los propietarios del predio. El 28 de junio se conocerán los fundamentos.

El 28 se conocerán los fundamentos

Por Ana Inés Cabral*

Apenas unos minutos pasadas las 15, el Tribunal Oral Criminal N°5 dio a conocer el veredicto mediante el cual condenó a Luis Sillerico y Juan Manuel Correa a la pena de 13 años de prisión por considerarlos coautores  del delito de reducción a la servidumbre, en línea con lo solicitado por el fiscal Fabián Céliz en sus alegatos.

Además de ordenar la inmediata detención de los ahora condenados, los magistrados dispusieron el decomiso de las máquinas que aún quedan en la fábrica y que la causa vuelva a la etapa de instrucción para investigar la responsabilidad de los propietarios del taller, Jaime Geiler y Daniel Fischberg. El 28 de junio se conocerán los fundamentos.

Correa y Sillerico se desempeñaban como encargado y capataz, respectivamente, del taller clandestino ubicado en el barrio porteño de Caballito que se incendió el 30 de marzo de 2006, ocasionado la muerte de seis personas, cinco de ellas menores de edad.

A la mañana, los imputados tuvieron la posibilidad de realizar las últimas palabras antes de conocer la sentencia. “Yo trabajé y perdí todo. No soy culpable y pido justicia”, sostuvo Sillerico. Por su parte, Correa declaró: “Tengo un profundo pesar con el incendio. Fue una tragedia que no pensamos que iba a pasar. Quiero estar tranquilo y empezar de nuevo. No hicimos nada malo”.

El juicio oral comenzó el 18 de abril y a lo largo del debate declararon más de 15 testigos. Según la investigación, en el lugar trabajaban y vivían más de 60 personas en condiciones de hacinamiento, que realizaban jornadas que iban desde las 7.00 hasta altas horas de la madrugada, por la cual recibían como contrapartida una ínfima retribución económica. El expediente afirma que las víctimas contaban con un solo baño y con una sola ducha sin agua caliente, que las habitaciones estaban separadas por cartón prensado o maderas y que las puertas estaban hechas con cortinas de tela. Además, no tenían heladera, las conexiones eléctricas eran muy precarias y convivían con material inflamable.

20.6.2016

Mañana martes 21 a las 9:30hs el Tribunal Oral Criminal Nº 5 de Capital Federal, conformado por los jueces Rafael Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance, darán a conocer la sentencia del juicio por el incendio del taller textil de la calle Luis Viale en 2006.

El juicio comenzó el pasado 18 de abril, y las audiencias finalizaron el 6 de junio. Los imputados son los encargados del taller: Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori. Los delitos que se les imputan son estrago agravado seguido de muerte y reducción a la servidumbre.

En los alegatos, la querella, representada por la Dra. Myriam Carsen y el Dr. Gabriel Chamorro, pidió 20 años de cárcel para ambos imputados (la pena máxima por ambos delitos), mientras que el fiscal Fabián Céliz pidió 13 años. Además, coincidieron en solicitar que se extraigan testimonios para que la justicia investigue la responsabilidad de los dueños de las marcas y de la propiedad del taller: Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler. Incluso los abogados defensores apuntaron a la responsabilidad de Fischberg y Geiler. Céliz, además, solicitó el decomiso de la maquinaria y del inmueble.

La lectura del veredicto estará acompañada por una amplia convocatoria a organizaciones sociales y referentes políticos y sindicales, ya que el fallo sentará jurisprudencia para las causas sobre condiciones de trabajo en talleres de costura.

Tras el veredicto se realizará una conferencia de prensa en las escalinatas del Palacio de Tribunales, a las 11hs. Hablarán los abogados de la querella y sobrevivientes.

El incendio se produjo el 30 de marzo de 2006 y provocó la muerte de Juana Vilca (de 25 años), Wilfredo Quispe Mendoza (15), Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carvajal (4) y Harry Rodríguez (3).

Veredicto 9:30hs en Sala de Audiencias del TOC 5 (Talcahuano 550, ascensor 4). La prensa puede acreditarse llamando al juzgado: 4371-3665 o 4372-9266.

Conferencia de prensa: 11hs en las escalinatas de Tribunales (acreditación no necesaria)

Informe sobre política social del macrismo en CABA: “Recortó, tercerizó y fragmentó”
20.6.2016

Por Fuente: Página/12

EL PAIS › INFORME DE ATE SOBRE LAS POLITICAS SOCIALES DEL MACRISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La junta de trabajadores del Ministerio de Desarrollo porteño advirtió en un detallado informe que “la gestión del PRO en los últimos ocho años desligó al Estado de sus responsabilidades como empleador y como garante de derechos para la población más vulnerable”.

Desfinanciamiento. Desmembramiento de programas. Falta de recursos básicos. Vaciamiento. Condiciones edilicias paupérrimas. Las palabras aluden al estado de las políticas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta hacia los sectores más pobres de la ciudad y forman parte de un informe de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat porteño. El documento advierte sobre el “alto grado de cinismo” de “la propaganda política del PRO con las áreas de primera infancia y adicciones”, y declara el estado de emergencia de las políticas públicas y de la situación laboral en el ministerio que encabeza Guadalupe Tagliaferri. Elaborado por la Junta Interna de ATE Promoción Social, el informe señala que el escenario “es consecuencia de un deterioro sistemático que, en nombre de la eficacia y la eficiencia, desgastó, recortó, tercerizó y fragmentó las políticas sociales en la Ciudad”, y destaca que “la gestión del PRO en los últimos ocho años desligó al Estado de sus responsabilidades como empleador y como garante de derechos para la población más vulnerable”. “Esta es la pesada herencia del macrismo en la Ciudad”, afirman los trabajadores. “Esto es imperdonable en la jurisdicción con mayor ingreso per cápita de la Argentina”, razonan, y concluyen con una advertencia: “No vamos a ser cómplices”.

“El mejor combate contra la desigualdad y la pobreza es garantizar la igualdad de oportunidades. Es el desafío que tiene María Eugenia (Vidal) en la provincia y Mauricio (Macri) en la Nación (…) Creemos que vamos a poder mejorar notablemente la calidad de vida, sobre todo de la población más vulnerable”, prometió Tagliaferri al asumir, en diciembre último, en reemplazo de Carolina Stanley, que pasó a ocupar ese ministerio en el gobierno nacional. Seis meses después, quienes trabajan en las direcciones de Mujer, Adicciones, Niñez y Adolescencia, y en el Programa Buenos Aires Presente denuncian “desmembramiento y falta de presupuesto de los programas destinados a trabajar con la población en situación de calle, con niñas/os y adolescentes víctimas de explotación sexual, en el abordaje del uso problemático de sustancias psicoactivas, y en la restitución y el fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios en villas de emergencia”.

Los postulados de “atención integral” que figuran en distintos marcos normativos “parecen una ironía” ante la realidad de políticas “sin ningún tipo de vinculación” dirigidas a la misma población y/o problemática, señalan. La consecuencia de intervenciones “fragmentadas y desarticuladas” es “la revictimización”: personas que deben exponer sus historias una y otra vez y “demandas que, en muchos casos, jamás serán abordadas en la forma que corresponden”. No existen proyectos institucionales ni protocolos de intervención claros. “Cada equipo (en el caso más óptimo) o bien cada trabajador/a despliega su quehacer desde su individualidad”, advierten.

En hogares convivenciales que por ley no deben alojar a más de 30 bebés, niños y adolescentes “se hacinan 50 chicos/os”. Edificios derruidos y con goteras, plagas de roedores y cucarachas, falta de elementos básicos como pañales, alimentos o medicamentos completan el diagnóstico. Ni hablar de herramientas de estimulación o recreación. Los espacios donde funcionan los programas están “derruidos”, sus estructuras deterioradas, hay cucarachas y ratas, en las antípodas de la sede de Jefatura de Gobierno en Barracas. “Un palacio de cristal destinado a tareas administrativas se contrapone atrozmente con las dependencias donde se atienden problemáticas sensibles”, advierten. Las consecuencias son concretas: entrevistas que requieren privacidad e intimidad se hacen en pasillos, escaleras o en la calle.

“Aún más alarmante resulta la falta de vacantes en refugios y hogares, que afecta las estrategias para trabajar con niñas/os y adolescentes en situación de explotación sexual, con mujeres víctimas de violencia de género y con población en situación de calle”, destacan los delegados de ATE. Para los chicos víctimas de explotación sexual la falta de cuidado y contención del Estado sumada a la falta de recursos básicos como alimentos o ropa los condena a recurrir a sus explotadores. Para las mujeres víctimas de violencia implica prolongar la dependencia material de sus victimarios y no acceder a mínimas condiciones de seguridad. Para las 17 mil personas en situación de calle, cifra que supera ampliamente la cantidad de vacantes en paradores, implica que “familias enteras sean abandonadas en pleno invierno por falta de camas o por criterios técnicos muy discutibles y que vulneran derechos humanos, como la falta de DNI”, destacan. Los paradores funcionan de cinco de la tarde a ocho de la mañana, cuando “las familias vuelven a quedar en situación de calle”. El único subsidio habitacional que ofrece el gobierno (1800 pesos por familia durante diez meses) no se actualiza hace tres años, mientras una habitación para tres personas en cualquier hotel familiar no baja de los 4000 pesos, apuntan.

Quienes como trabajadores conocen en profundidad la gestión PRO denuncian que “hace propaganda política con las áreas de primera infancia o adicciones con un alto grado de cinismo”, ya que “no existen políticas integrales, articuladas y consistentes”, faltan vacantes en jardines y centros de primera infancia, y también materiales básicos como pañales y leche. En la Dirección General de Adicciones, mientras el gobierno comunica un supuesto “crecimiento”, se improvisan “programas territoriales ‘para la foto’, que al poco tiempo de crearse se ven desbordados por falta de recursos profesionales”, denuncian.

Condiciones laborales

Las condiciones laborales de quienes deben atender a los sectores más necesitados de la Ciudad, “más que precarias son fraudulentas”, denuncia la Junta Interna de ATE. Más de 1200 trabajadores no tienen estabilidad: 900 están con contratos de locación (facturan como autónomos, sin licencias ni ART ni salario familiar ni aguinaldo) y cerca de 300 son tercerizados que le facturan a la Universidad de Buenos Aires o a organizaciones no gubernamentales (ONG) fantasmas sobre las que no existe ningún control, destacan. Salarios bajos (8 mil a 12 mil pesos) más la ausencia de derechos básicos derivan en “renuncias constantes y pluriempleo”, cuadro que genera una rotación de profesionales que impide sostener en el tiempo cualquier estrategia seria para abordar problemáticas complejas. “Quienes trabajamos en el abordaje de situaciones de vulnerabilidad social –concluyen– entendemos que nos encontramos en un contexto de políticas públicas colapsadas, debilitadas, muy por debajo de los estándares requeridos para garantizar una atención adecuada, aunque los globos de colores y las falsas promesas de ‘alegría’ y ‘pobreza cero’ intenten disfrazar la cruda realidad que se vive en la Ciudad”.