Red de radios

24.9.2016

Como venimos informando, este viernes un brutal operativo policial actúa en el barrio porteño de Balvanera para desalojar a un grupo de familias humildes.

Este lunes 19 de Septiembre ya se habían presentado efectivos policiales y de la justicia porteña en el edificio ubicado en Pichincha 191, en el barrio de Balvanera (conocido como Once, en la Ciudad de Buenos Aires), para efectuar una orden de allanamiento por no cumplir con una clausura y un posterior desalojo.

Dicho inmueble es parte de un terreno ubicado en la esquina de Pichincha y Alsina que posee diversas entradas, donde viven más de 60 familias. Al igual que otros edificios en la CABA, funcionó hasta el 2000 como un hotel donde los vecinos pagaban un alquiler. Debido a la desaparición del dueño, los vecinos dejaron de pagar.

Hace unos meses, la Guardia de Auxilio (que “interviene en cualquier situación de riesgo en la vía pública”) clausuró el inmueble de Pichincha 191 -edificio donde viven siete familias, con 15 chicos/as- fundamentando que no poseía las condiciones necesarias para funcionar como un hotel (matafuegos, salida de seguridad, bidet, etc.), obviando un pequeño detalle: ahí no funciona un hotel, viven familias como legítimas poseedoras de buena fe. A la vez, sostenía que estaba en malas condiciones de habitabilidad.

El pasado lunes, los vecinos junto a organizaciones sociales y políticas lograron resistir el desalojo. A la vez, denunciaron que el gobierno de la Ciudad no respetaba el protocolo de desalojos (comunicar a otros órganos de gobierno como la defensoría de menores, zoonosis, defensoría oficial, etc.) y, sobre todo, no brindaba ninguna solución habitacional a las familias, ni siquiera el subsidio habitacional -que no supera los 1.800 pesos- que entrega el gobierno en los peores casos. Luego de varias horas, se logró llegar a un acuerdo y se pospuso el desalojo para el miércoles 21 de septiembre a las 10 de la mañana.

Nuevamente, los vecinos acompañados por organizaciones sociales y políticas -Patria Grande, La Cámpora, CTEP, CIBA, Seamos Libres-, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General de la Ciudad, y distintos legisladores -José Cruz Campagnoli y Paula Penacca, entre otros- lograron mantener el desalojo en suspenso y abrir un proceso de negociación con el juez, para presentar nuevas pruebas que permitan revertir la clausura y el desahucio.

Juan Lenta, abogado de las familias e integrante del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP), expresó: “En la causa, no surge ningún tipo de elemento probatorio que establezca que en dicho inmueble funciona un hotel. Asimismo, presentamos ante el juez dos informes de arquitectos, en donde expresamente se establece que no hay peligro de derrumbe alguno ni están en juego la vida de las personas”. “Nuestro pedido es que el juez levante el desalojo y le permita a los vecinos realizar los arreglos correspondientes”, agregó.

Mientras tanto los vecinos se siguen organizando y montando guardias y planifican distintas actividades que les permitan estar alertas ante cualquier avance en la voluntad de desalojar.

Agustina Mayanski, docente del Bachillerato Popular Vientos del Pueblo, ubicado a una cuadra del edificio y al que asisten varios habitantes del inmueble, comentó: “Los vecinos están unidos, están pensando distintas actividades para juntarse e ir viendo como seguir. El jueves van a haber actividades durante el día como clases públicas y vamos a pasar una película. Desde el Bachillerato vamos a estar acompañando a las familias en todo lo que haga falta, aportando con los técnicos necesarios -abogados, arquitectos, etc.- y ayudando a que las familias se organicen en este momento tan difícil”.

Lo que no se dice

Tanto el juez Tavosnanska como la fiscal Barcia, ambos parte de esta causa, ya han estado implicados en otros procesos de desalojo, como el de la Sala Alberdi, que terminó con tres heridos con balas de plomo.

A la vez, el mismo juez autorizó el uso de munición letal para un desalojo en el año 2010, de más de 100 familias en un complejo de vivienda deshabitado en la villa 1-11-14.

Estos antecedentes alertan sobre el proceder que han tenido en casos similares, donde no ha primado la garantía de los derechos de las personas ni se han buscado soluciones que permitan solucionar los conflictos de fondo.

Por otro lado, varios vecinos sostienen que el verdadero motivo del desalojo tendría que ver con el traslado de la Sede comunal a donde hoy se ubica el Shopping Spinetto -justo frente al edificio-. Una vez más, el gobierno buscaría, utilizando la Justicia, generar un proceso de expulsión de los sectores populares de determinada zona de la ciudad, buscando valorizar y mejorar el barrio, con posibilidades de realizar proyectos inmobiliarios a futuro. Como nos vienen acostumbrando, el negocio primaría por sobre el derecho de estas familias a poseer una vivienda.

Estos niños se quedarán sin vivienda por culpa de un gobierno que sólo piensa en los ricos.

Pichincha no es la excepción

En la Ciudad de Buenos Aires el caso de Pichincha no es la excepción sino más bien la regla. El problema habitacional crece enormemente y el caso de los edificios tomados, inquilinatos, pensiones, etc. es una de las facetas del problema.

Según el diagnóstico del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CTA Capital), aproximadamente 650 mil habitantes se encontraban en emergencia habitacional en el 2010. Se estimaba que entre 170 y 200 mil personas habitaban viviendas irregulares (casas tomadas) y 140 mil vivía en hoteles, inquilinatos y/o pensiones. Números que fueron aumentando con el correr de los años.

En lo que va del 2016 el macrismo en la CABA se ha dado una política de avanzar en los procesos de desalojo de los inmuebles en situación de irregularidad, sin ofrecer soluciones habitacionales que permitan a las familias que quedan en la calle garantizar una vivienda digna en el tiempo. Subsidios habitacionales paupérrimos y tránsito por hoteles son las ofertas más comunes.

Pero los vecinos organizados también logran algunas conquistas. Es el caso de la Cooperativa el Surco, más conocida como el edificio ubicado en la calle Pavón, que consiguieron que el Estado les ceda un terreno del gobierno de la Ciudad para ellos mismos realizar la construcción de sus viviendas. A su vez, los vecinos de la calle Brasil 1517 que han resistido un desalojo en Junio, siguen negociando con el Instituto de Vivienda de la Ciudad una solución habitacional, con la posibilidad de comprar un terreno y construir sus hogares.

Varios son los casos que siguen a la espera de una resolución positiva y que, por medio de la organización, buscan pelear por soluciones definitivas.

22.9.2016

En el día de ayer diez militantes fueron detenidos por la Policía Federal en la Plaza "Velazco Ibarra" de Balvanera. Uno de los militantes detenidos brindó su testimonio, pero por razones de seguridad prefirió resguardar su identidad.

Por Jorge Giordano

APU: ¿Qué estaban haciendo en la plaza?

Militante: Conformamos una comisión de juventud para tratar temas especificos en la Comuna 3. La primera actividad es este sábado, con un festival de bandas en donde se van a tocar diversos temas: género, actividades deportivas, van a tocar seis bandas, una feria de productores. En el día de ayer teníamos una pintada de mural y difusión en una plaza, con volantes. En el mural iba a decir "sí al deporte, no a la droga". No solamente estábamos difundiendo el festival, también estábamos desarrollando una propuesta deportiva en la plaza.

APU: ¿Cómo llega la policía?

M: A eso de las 4.30 de la tarde se acerca la policía, nos dice que una vecina había hecho una denuncia y que ellos tenían que proceder a tomarnos los datos y comunicarse con el fiscal para ver qué resolvía.
A partir de eso, el fiscal dice que avancen con el procedimiento normal, que era llevarnos al Ministerio Público Fiscal, en Combate de los Pozos. Ahí tuvimos el acompañamiento de muchos legisladores, Paula Penacca, Andrea Conde, el periodista Daniel Tognetti. Ahí se hicieron todos los trámites, en lugar de en la comisaría. Según el fiscal la carátula era "daño agravado". Pudimos hablar con el defensor que nos asignaron, nos explicó que para él era algo irregular, que no todos los días le cae alguien ahí con una situación como la nuestra. No es normal que pase esto por pintar un mural, y menos que un fiscal tome esa decisión. De ahí nos llevaron a la comisaría 8va a las 11 de la noche. Estuvimos hasta las 5 de la mañana en una misma celda, y ahí nos largaron.

APU: ¿Por qué les parece que sucedió esto?

M: Creo que hay un contexto político que estigmatiza a la militancia y da lugar a estas cosas: que la fuerza pública avance sobre la militancia y que un fiscal piense que no pasa nada si toma una decisión tan arbitraria. Es una clara señal de amedrentamiento. Fija un antecedente de que la la organización y la intervención en la calle es algo que está mal. Creemos que la política es la herramienta que tenemos los jóvenes y la sociedad para seguir transformando y vamos a seguir participando. Si se apunta a los jóvenes es porque de los jóvenes van a surgir las propuestas para poder abordar las problemáticas en los barrios y convencer a la sociedad de que el individualismo no es la salida. Por eso los convocamos igual a la actividad que estábamos difundiendo, de 2 a 6 de la tarde en la plaza Martín Fierro.

21.9.2016

A partir de la implementación de la inscripción on line quedó en evidencia la enorme cantidad de niños que quedan sin vacante en las escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es aún más grave en el nivel inicial debido a la casi inexistencia de jardines maternales. La falta de vacantes es la consecuencia directa de la falta de escuelas y jardines. Si bien la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza la educación desde los 45 días, este derecho es vulnerado sistemáticamente en tanto los niños de 45 días a 3 años no cuentan con una escuela infantil a la que asistir y los niños de 4 y 5 años asisten a jardines en aulas superpobladas. La educación pública se encuentra en una profunda crisis. La falta de vacantes y la crisis edilicia, en lo que respecta a infraestructura y falta de escuelas, son el resultado del vaciamiento presupuestario y el fomento a la educación privada. Mientras tanto, el gobierno de la ciudad que no construye escuelas ni jardines, fomenta la creación del CPIs que son una variante precarizada y degrada de la educación y, también, cede terrenos públicos a privados. Es el caso de los terrenos aledaños al Club Atlético All Boys.

En la calle Chivilcoy entre Alvarez Jonte y Miranda, en el barrio de Floresta, existe un terreno en el que debiera haberse construido un Jardín Maternal hace ya más de diez años. En el año 2006 se declararon de utilidad pública y sujetos a expropiación unos terrenos en la misma cuadra de la sede del Club All Boys. El gobierno de la ciudad le cedió sin cargo al Club estos terrenos por el término de 20 años. Una de las fracciones de este terreno sería destinada para el funcionamiento de un jardín maternal de la Asociación Civil Club Atlético All Boys según los términos del comodato en convenio con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, pasaron muchos años y el jardín maternal continúa sin construirse. Este año, familias del barrio de Floresta comenzaron a movilizarse. Es que la necesidad es cada vez mayor: el gobierno que apenas garantiza las vacantes para los niños de 4 y 5 años, intenta establecer la obligatoriedad de la Sala de 3. La comunidad se pregunta cómo garantizarán esas vacantes. Por eso, pusieron manos a la obra, y lanzaron una campaña para exigir la construcción del Jardín de la calle Chivilcoy. Comenzaron a recorrer el barrio juntando firmas y entregando volantes explicativos sobre la problemática a los vecinos del barrio. Iniciaron, también, una campaña de fotos e impulsaron un petitorio "on line" que actualmente gira por las redes y que los pusieron en contacto con programas de televisión que sirvieron para difundir el reclamo aún más.

20.9.2016

Ademys acompaña la denuncia de las docentes del Programa de Escuelas de Modalidad Plurilingüe. Mientras se prepara una evaluación externa, estandarizada y masivamente rechazada por la docencia y comunidad educativa, el mismo Gobierno de la Ciudad recorta recursos necesarios para realizar evaluaciones que sí son parte del reglamento del sistema educativo y de los programas y propuestas pedagógicas de las escuelas

¡Basta de vaciar la escuela pública!

Difundimos denuncia de docentes de las escuelas

El Programa Escuelas de Modalidad Plurilingüe funciona desde el año 2001 y se desarrolla en 26 escuelas primarias de jornada completa de la Ciudad. Los niños que asisten a las escuelas plurilingües tienen ocho horas de clase semanales de lengua extranjera a partir de primer grado. Desde cuarto grado, se incorpora la enseñanza de una segunda lengua extranjera con una carga horaria de tres y cuatro horas semanales. Las lenguas que se enseñan, combinadas de diferentes maneras según la escuela, son: francés, inglés, italiano y portugués. La presentación y preparación de nuestros alumnos para rendir los exámenes Cle es a partir de lo dispuesto en el REGLAMENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE GESTIÓN PÚBLICA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Art. 103. EVALUACIÓN DE LOS/LAS ALUMNOS/ALUMNAS DE LAS ESCUELAS MODALIDAD PLURILINGÜE. 1. Los/Las alumnos/alumnas que ingresen a la escuela a partir de 3° grado deberán recibir una asistencia especial a cargo de docentes con horas cátedra destinadas a tal fin. Los/las alumnos/alumnas ingresados podrán asistir a clases de apoyo extraescolar que se llevarán a cabo en los Centros Complementarios de Idioma Extranjero dependientes de la Subsecretaría de Educación. 2. Al finalizar séptimo grado, los/las alumnos/alumnas que cursen el nivel primario completo en una escuela de modalidad plurilingüe deberán obtener, para la primera lengua extranjera, por lo menos dos Certificados de Lenguas Extranjeras (CLE) emitidos por el Ministerio de Educación. Al finalizar séptimo grado, los alumnos que ingresen a la escuela de modalidad plurilingüe después del primer ciclo deberán obtener, para la lengua extranjera, por lo menos un Certificado de Lenguas Extranjeras (CLE) emitido por el Ministerio de Educación. 3. Los/Las alumnos/alumnas que cursen el nivel primario en una escuela de modalidad plurilingüe deberán obtener, por lo menos un Certificado de Lenguas Extranjeras emitido por el Ministerio de Educación (nivel 1) para la segunda lengua extranjera al finalizar séptimo grado. 4. El boletín de los alumnos de las escuelas de modalidad plurilingües contendrá una hoja conceptual para la evaluación de la primera y la segunda lengua extranjera. Me encuentro trabajando en el proyecto desde el 2007, primero fui contratada luego interina hasta titularizar mi cargo. Desde ese año y antes de ser parte del proyecto en Junio-Julio se hace el pedido de micros a través de nuestra coordinadora para trasladar a los alumnos desde la escuela a la sede examinadora. Esto sucede en todas las escuelas plurilingües del GCBA. El proyecto plurilingüe comenzó de a poco a sufrir políticas de recorte desde no tener presupuesto para llevar a los niños al teatro como se hacía todos los años desde el 2010, a sacarnos las viandas que nos daban para el día del examen desde 2011 , sacarnos las hs de capacitación de los miércoles desde el 2014, hasta el año pasado que se cortaron los contratos para la figura de asistente que tan importante es para el proyecto. Siguiendo esta política, este año el jueves 15 de septiembre a dos días de rendir el examen Cle, CIP el cual venimos trabajando y preparando a nuestros alumnos para el examen oral y escrito desde hace rato, con tarea extra, sacándolos del aula para practicar la parte oral, un trabajo de parte nuestro, docente, y de los chicos digno de elogio, nos comunican que el gobierno este año no se hará cargo de los micros que trasladen a los niños desde Lugano hasta el Bernasconi, donde rendirían ese sábado 17 de septiembre y el 1 de Octubre. A pesar de todos nuestros esfuerzos no contamos con los micros para trasladar a nuestros alumnos de la escuela 6 D.E 21 a la sede examinadora de los exámenes CLE. De 20 alumnos solo 6 pudieron asistir valiéndose de sus propios medios, gracias a la buena voluntad de los papas que se jugaron a llevar a más de un niño hasta el Bernasconi. Para el 1° de Octubre presentamos cerca de 100 alumnos y si el GCBA no revierte lo sucedido hoy y manda como hacia todos los años los micros para trasladar a los chicos, no les podemos garantizar la oportunidad de poder asistir.

¡¡¡Basta de recorte de presupuesto en donde más nos duele!!!

El GCBA debe garantizar el traslado a la sede examinadora

19.9.2016

Distintas organizaciones populares de militancia en el ámbito carcelario llaman a acompañar el reclamo del Centro Universitario Devoto con una movilización ese penal ubicado en Bermúdez y Nogoyá, Caba, el martes 20 de setiembre a las 17 horas. Se trata de una respuesta ante la avanzada represiva del Servicio Penitenciario Federal contra alumnos, docentes, talleristas y educadores que concurren a Devoto y Ezeiza.

Así el SPF destruye computadoras y otros elementos, no baja a los alumnos a las clases y amenaza con traslados o la represión lisa y llana a quienes alzan la voz. Por su parte, las organizaciones “Convocamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones que intervengan en contextos de encierro, docentes y talleristas de la UBA y a todo aquél que quisiere adherir a pensar estrategias colectivas para defender la educación en cárceles, un espacio histórico de resistencia desde hace más de 30 años” (Enviar adhesiones a: adhesionescud@gmail.com)

En el marco de un contexto general de retroceso de las políticas públicas en materia de Derechos Humanos y, particularmente, de una avanzada del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobre los distintos espacios del programa UBA XXII de Educación en contextos de encierro, se sucedieron distintos hechos que preocupan y alarman. Es menester, frente al avance represivo, visibilizar la voz de aquellos que siguen siendo silenciados ¬al mismo tiempo que utilizados sin derecho a réplica¬ por los grandes medios de comunicación.

En la Unidad I de Ezeiza, los estudiantes encontraron equipos de computación, puertas y ventanas rotas en su Centro Universitario el viernes pasado. También allí muchos docentes nos vimos imposibilitados de ingresar a dictar nuestros talleres (siempre con “justificaciones” arbitrarias por parte de las autoridades del SPF), e incluso algunos talleres fueron dados de baja sin razón.

En el Centro Universitario de Devoto -epicentro de la educación en cárceles- el avance por parte de las autoridades penitenciarias se venía expresando de manera solapada en algunas irregularidades a la hora de la bajada de los estudiantes extracurriculares, hasta el lunes.

Ese día, una requisa plagada de irregularidades e ilegalidades irrumpió de manera violenta en las instalaciones del Centro Universitario, que pertenecen a la UBA. Sin embargo, ante los medios hegemónicos de comunicación el resultado de la requisa fue presentado como “escandaloso”, por los objetos que supuestamente fueron hallados. Pero poco se dijo que la misma fuerza que se encarga de la seguridad llevó adelante la requisa, no fue un allanamiento porque no se reunieron los requisitos judiciales para que así fuera. El procedimiento, por ende, se llevó puesta la autonomía universitaria que la UBA posee sobre ese espacio. Más aún, luego de efectuada la requisa un compañero detenido hizo saber en la asamblea del CUD del día martes que personal de requisa de su módulo le propició una golpiza y amenazó con “trasladarlo” si se seguía “metiendo en quilombos”.

La campaña de desprestigio del CUD y la embestida contra los talleres del programa UBA XXII responden a la necesidad del gobierno nacional de imponer una reforma de la carta orgánica del servicio penitenciario que, a todas luces, contiene serios vacíos legales y no obtuvo consenso entre las organizaciones que a diario le ponen el cuerpo a la cárcel e intentan transformarla. Es una reforma que genera tensiones al interior del propio SPF y en este caso son los estudiantes del CUD los que salen afectados.

Tanto los medios hegemónicos de comunicación, como las autoridades del gobierno nacional se empeñan en cercenar y desconocer la construcción de años que se viene llevando conjuntamente entre la UBA, talleristas, docentes, coordinadores y los estudiantes que conforman el Grupo de Estudiantes del Centro Universitario Devoto.

Ante esta avanzada, la unidad es la única respuesta posible. Nuestra tarea es sostener y organizar espacios político-académicos que recuperan y devuelven derechos vulnerados en conjunto con las personas privadas de su libertad en cárceles de nuestro país; replicar las voces de los de adentro, y construir la unidad para defender la autonomía universitaria y los espacios de libre pensamiento.

Convocamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones que intervengan en contextos de encierro, docentes y talleristas de la UBA y a todo aquél que quisiere adherir a pensar estrategias colectivas para defender la educación en cárceles, un espacio histórico de resistencia desde hace más de 30 años.