Red de radios

29.9.2016

Marcelo Ramal, legislador del FIT, señaló que la ley de eventos masivos votada por la Legislatura “es una operación de impunidad a favor del gobierno de la Ciudad, en relación a Time Warp”.

“La ley es un refrito de normas que ya existen y que han sido violadas por empresarios y funcionarios. Apunta a presentar ante la opinión popular -y ante la propia justicia- la idea de que Time Warp ocurrió porque no había normas para prevenirlo. Es un planteo que absuelve de responsabilidad a los funcionarios, comenzando por el Jefe de Gobierno”, continuó.

“Apoyar este refrito, de nuestra parte, sería sumarnos a un gigantesco engaño. Llamamos a la juventud y a los familiares de las víctimas a luchar contra este engaño, y contra un Estado y gobiernos que, de Cromañón para acá, han avalado un gigantesco negocio a costa de la vida de nuestros jóvenes”, finalizó Ramal.

29.9.2016

A través de las redes sociales, la organización informó que dos niños fueron torturados por agentes de la Prefectura. Cuando se presentaron a la Procuraduría contra la Violencia Institucional identificaron al prefecto Leandro Adolfo Antúnez. 

Por La Garganta Poderosa

Cuando la impotencia no te deja pensar, cuando la rabia no te deja escribir, cuando el dolor no te deja llorar, las fotos se vuelven gritos, ante los dedos estúpidos que balbucean unas líneas, mientras los ojos escupen sobre el teclado. ¿Saben cuántos años tiene, Ezequiel Villanueva Moya? No hay razones, ni a derecha, ni a izquierda, ¡15 años tiene, cagones de mierda!

Atrevido, tuvo el tremendo tupé de salir la noche del sábado para visitar a su abuela Beti, que también vive en la Villa 21. De regreso, lo paró la Policía Federal para revisarlo y, aprovechando que justo lo saludaba su amigo Iván Navarro, los denigraron un rato a los dos, entre amenazas y chicanas sobre el supuesto origen espurio de sus prendas. “Yo me acerqué para darle un abrazo a Eze y un oficial, así, de la nada, directamente vino y me pegó una trompada”.

Negativa la requisa, los dejaron ir, pero apenas 30 pasos, donde volvieron a ser interceptados por tres móviles de Prefectura, con cuatro uniformados cada uno. “Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú”. ¿Para qué? “Para cagarnos a palos”. ¿Y los largaron? “No, nos subieron a otro auto, pero primero nos taparon la cabeza y nos obligaron a sentarnos uno encima del otro”. De ahí, se los llevaron hasta un descampado lindero al Riachuelo, detrás de una fábrica, sobre el Camino de Sirga. “Cuando ya había unos 10 prefectos, uno dijo que nos iban a matar, porque total nadie nos iba a reclamar”.

Trompadas en la cara y palazos en las piernas, como tantas otras veces a tantos otros villeros, esta vez no fueron suficientes. “Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”. Pero no, todavía no termina. “Alterados, como sacados, nos esposaron a un caño y dispararon varios tiros al aire, mientras nos quitaban las camperas que supuestamente habíamos robado”. Pero no, robar, robaron ellos, “que se reían cuando nos ponían un cuchillo en el cuello y nos decían que también les parecían lindas nuestras zapatillas, nuestras cadenitas… Nos sacaron todo”. Justo ahí, a pocas cuadras de la Parroquia Caacupé, uno de los prefectos puso su arma en la nuca de Iván, para obligarlo a rezar. “Dale, un Padre Nuestro para que no te mate, dale”. Y al final, cuando por fin accedieron a soltarles las manos, los encañonaron por la espalda, con una escopeta: “Corran bien rápido, o van a ser boleta”.

Corrieron, corrieron a sus casas, corrieron a nuestra redacción, corrieron a la Procuraduría contra la Violencia Institucional y ayer se presentaron en la fiscalía de Pompeya, para prestar declaración. ¿Y adivinen qué? Sí, estaba ahí, uno de ellos estaba ahí, el prefecto Leandro Adolfo Antúnez estaba ahí. Lo vieron, lo señalaron y lo denunciaron. Acto seguido, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa pidió la orden de detención y la remoción de los agentes que integraban el móvil. Pero ahora, nuestros compañeros tienen miedo. Sus familias tienen miedo. Nosotros tenemos miedo.

Basta de silencio y basta de impunidad:
¡Control Popular a las Fuerzas de Seguridad!

29.9.2016

El PRO busca los votos necesarios para el ingreso de privados en el Autódromo. El proyecto que el año pasado Macri no pudo aprobar, intentará volver esta semana de la mano de Rodríguez Larreta. El PRO, los radicales y el FpV estarían negociando el texto final.

Manuel De Santo

Bajo el pomposo título de “Plan integral, social, cultural, deportivo y comercial, tendiente a la integración, urbanización, recuperación, reposicionamiento y jerarquización del Autódromo, con impacto económico y cultural en beneficio del Área de Desarrollo Sur de la Ciudad”, el PRO sigue a paso firme en la privatización de terrenos de la zona sur.

La ley que busca su aprobación crea un fideicomiso del que será parte el Gobierno de la Ciudad y los privados que deseen ingresar, los cuales deberán estar relacionados con la industria automotriz y/o del automovilismo deportivo y/o motociclismo deportivo, durante 30 años, en el predio tiene casi 180 hectáreas.

Todo el proyecto quedará además a cargo del Ministerio de Modernización de la Ciudad como autoridad de aplicación, que está al mando de Andy Freire, ex director del gigante inmobiliario IRSA, que tiene unos cuantos negocios en la Ciudad, entre ellos los principales shoppings y otros grandes emprendimientos inmobiliarios.

Este Ministerio tendrá a cargo todos los grises que tiene la ley que se develarían recién con su reglamentación. Entre otras cosas, cómo se integrará el patrimonio del fideicomiso, cómo se designarán las personas físicas o jurídicas para el mismo, qué facultades tendrá el Gobierno de la Ciudad, entre ellas su poder de veto. Casi un cheque en blanco en manos de quien fuera director de IRSA hasta hace menos de un año.

Pero no son los únicos puntos oscuros. El Laboratorio de Políticas Públicas cuestionó además la redacción del artículo 5° que establece que “el derecho constituido sobre el bien de dominio público retornará al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Esta ambigüedad permite que pueda “no reintegrarse el objeto (inmueble) con sus mejoras y construcciones, sino los derechos que quedaron acreditados en el Banco Ciudad”, algo que es muy incierto porque la ley no exige ninguna contraprestación y permite que se queden con todas las ganancias. Al no explicitar que esos terrenos no puedan ser vendidos en el futuro, lamentablemente, y dadas las últimas experiencias en la Ciudad, es de temerse que podamos terminar en la venta lisa y llana de esos terrenos una vez finalizado el fideicomiso.

El diputado del Frente de Izquierda, Patricio del Corro, adelantó que se opondrá a este proyecto y que “el predio del Autódromo tiene que ser recuperado por la Ciudad para el desarrollo de actividades deportivas y culturales de los vecinos de la comuna 8 y volver a ponerlo en el lugar que se merece. De hecho, hay otros proyectos que promueven la puesta en valor del Autódromo, pero manteniéndolo en la esfera pública y habilitando nuevos espacios verdes, pero el oficialismo solo busca como favorecer negocios privados. Es paradigmático que hace años que la Comuna 8 espera tener un hospital equipado que pueda atender su demanda, pero jamás ha sido una prioridad del PRO. El proyecto que pretenden votar ni siquiera incluye un estudio de impacto ambiental, permitiendo hasta la realización de deportes acuáticos de motor en el lago, que junto con los de Lugano y Soldati forman parte de un corredor biológico en la zona sur”.

Suba de tarifas, pero baja de impuestos a los privados

El nuevo plan del PRO establece también diversos incentivos fiscales relacionados con el pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y exención del Impuesto de Sellos y del pago de distintos impuestos relacionados con las nuevas construcciones, como verificaciones de obras y otros.

Son tantos los beneficios que las empresas que sean parte podrán utilizar estas exenciones para otras actividades económicas que realicen en la Ciudad, aunque nada tengan que ver con el objetivo del plan previsto en el proyecto.

El mismo informe realizado por el Laboratorio de Políticas Públicas estimaba que “el plazo de recupero de la inversión será de 2,17 años gracias a los beneficios impositivos dispuestos por el Gobierno de la Ciudad a los participantes del proyecto, sumado a que no se prevé el cobro de un canon de explotación por el uso de tierra pública”. Una verdadera estafa que terminaremos pagando los porteños, no solo porque los privados no pagarán nada por utilizar estos terrenos públicos, sino que tendrán además exenciones impositivas para cualquier actividad que realicen en la Ciudad.

Nada mal si se tiene en cuenta que actualmente, según publicó Clarín, un ex ministro de Economía dijo, en referencia a la situación del país, que los inversores “por un tiempo pretenderán recuperar el capital invertido acá en cuatro o cinco años, cuando en países previsibles se estiran a doce”. Una vez más la Ciudad a la vanguardia, facilitando las ganancias capitalistas.

Los negocios de los privados están a plena luz, pero no queda para nada claro cuáles serán los supuestos beneficios para los porteños que traerá este proyecto.

El papel del Frente para la Victoria y la oposición

Después de acompañar las votaciones de la Agencia de Bienes S.E. o la concesión del Centro de Exposiciones del Parque Thays, el Frente para la Victoria presentó un proyecto que reproduce el espíritu de lo esencial del macrista: la privatización de hectáreas verdes de la Ciudad.

Presentaron por intermedio de los diputados Andrade y Pokoik algunas pequeñas enmiendas para permitir este fideicomiso privado en tierras públicas. Su proyecto disminuye la duración de 30 a 20 años, pretende privilegiar a las PyMEs y baja los montos de las exenciones impositivas, pero mantiene el espíritu de esta legislación privatista del espacio público.

Habrá que ver hasta dónde no es más que una puesta en escena para negociar con el oficialismo la aprobación de la ley a cambio de algunos cambios cosméticos. La realidad es que el PRO necesita además de los votos de sus aliados de Cambiemos, los del peronismo porteño, que viene hasta ahora obsequiando al jefe de Gobierno con los votos necesarios para que se apruebe cada una de sus iniciativas privatizadoras.

27.9.2016

Este Martes 27 de Septiembre se realizarán por primera vez las jornadas multidisciplinarias de voces sobre el aborto, organizadas por el Legislador Porteño Pablo Ferreyra, Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional.

Según indica el comunicado “Hablamos de Aborto busca constituirse como un espacio desde el cual poder abordar una temática que permanece negligentemente ocultada, a partir de condicionamientos políticos y/o religiosos”.

“Esto lleva a que se opte por la penalización y la persecución aun cuando se encuentra demostrado, a nivel mundial y local, que la pena no tiene efectos preventivos y no genera una disminución de la práctica; sino un mayor riesgo para la vida y la salud de las mujeres que deben recurrir a procedimientos inseguros, en muchos casos sin condiciones de asepsia, poniendo en riesgo su propia vida”, agregan.

“Según datos que nunca pueden terminar de corroborarse, ya que continúa siendo una práctica clandestina, en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año. Un número que nos demuestra a las claras la imposibilidad de seguir negándonos a discutir entre todxs esta realidad”. “Desde las 10:30 en el Salón San Martín de la Legislatura (Perú 160), tendremos una nueva oportunidad de construir los consensos necesarios para encarar socialmente una problemática que nos incumbe a todxs”, concluyen.

Entre los participantes se encuentran Susana Cardozo (guionista de La Leona), Gian Franco Rosales (coordinador nacional de Hombres Trans – FALGBT), Myriam Bregman (Diputada Nacional FIT), Victoria Montenegro (Secretaria Nacional DDHH de Kolina), Victoria Tesoriero (Católicas por el derecho a decidir) y Soledad Deza (abogada del caso Belén). 

27.9.2016

Cristian Orellana (18) fue fusilado por la espalda, tras una persecución policial. El juez no avanzó en la investigación y dictó el sobreseimiento del agente policial. La familia apeló el fallo para que la justicia investigue.

El 15 de junio pasado, Cristian Orellana (18) fue ejecutado por la espalda en el marco de una persecución policial que terminó en el Bajo Flores. El Subinspector Juan Sebastián González, de la Comisaría 38 de la Policía Federal, fue señalado por fusilar al joven y fue sobreseído por el juez de instrucción Alberto Baños.

El hecho de violencia institucional ocurrió en las inmediaciones del Barrio Illia. Los testigos del hecho afirmaron que a Cristian “lo podrían haber detenido". El Juzgado de Instrucción N°27 tomó la medida que inhabilitó la posibilidad de seguir investigado la muerte del joven, a pesar de los reclamos de la familia para que se investigue el gatillo fácil.

La querella de la familia, a cargo del letrado Nahuel Berguier, apeló la decisión del juez y solicitó que se revoque el sobreseimiento de González y dicte su procesamiento por homicidio.  La familia cuestionó que el juez tomó la decisión judicial basándose en la declaración del policía sin tomar en cuenta lo inverosímil del relato policial.  González excusó la utilización del arma del fuego por un supuesto tiroteo con Orellana. Sin embargo, no hay indicios de disparos de Orellana en el vehículo de la fuerza de seguridad. 

Por otro lado, “tampoco fue hallada la supuesta arma con la cual habría sido atacado el móvil policial. Es decir que todos los elementos obtenidos por las pericias como por las inspecciones oculares, descartan la hipótesis defensista de González respecto de la existencia de un enfrentamiento armado.”

Por el contrario, está “acreditado” que el agente de la federal disparó al joven y terminó con su vida. Al mismo tiempo que no hay pruebas de que Orellana estuviera armado, ni que haya disparado contra el patrullero. Una de las hipótesis que destacó la familia de la víctima es que el “policía González disparó para forzar la detención del vehículo, contrariando la citada normativa interna de la Policía Federal Argentina, sabiendo que podía herir de muerte a Orellana pero sin que esto le importara."

“Es decir, ante la muerte de una persona en manos de un miembro de las fuerzas de seguridad, no se puede de manera liviana dictar un sobreseimiento, menos aún cuando no existe ningún indicio claro de que haya habido un enfrentamiento o que exista proporcionalidad en los medios empleados.  En todo caso debe discutirse en un juicio oral y público la responsabilidad del policía que efectuó los disparos y mató, más aún cuando se encuentra en juego la responsabilidad internacional del estado argentino por ser el caso una posible violación de derechos humanos”, agregó el recurso judicial planteado por la querella.